Lejos de escuchar las peticiones de empresarios, productores y consumidores, quienes piden poner una fecha final al control de precios, este Gobierno sigue apostando a una medida que no ha beneficiado a ninguno de los actores.
El 14 de julio de 2014, se inició el control de precios a 22 productos alimenticios como una medida que sería temporal, sin embargo, hasta la fecha ha sido prorrogada en tres ocasiones y ha dejado efectos negativos en diferentes sectores.
El sector productivo ha dejado saber que los precios no los benefician, las cadenas de supermercados abogan por un libre mercado y los consumidores se quejan de la mala calidad de los productos y además de que aún no han sentido el ahorro de los $58 prometidos por el Gobierno de turno.
Fruto de esto, varios sectores han unido sus voces en contra de la medida, entre ellos, los gremios empresariales quienes han reiterado su descontento.
Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, está convencido de que la libre competencia es el mejor modelo económico para la autorregulación de precios, pues a su juicio permite que las fuerzas del mercado hagan su trabajo.
Sin embargo, aseguró que de seguirse extendiendo el control de precios de emergencia se puede generar un desabastecimiento en el mercado y afectar a productores en rubros específicos.
Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), es otro de los que está en contra de la medida.
Para el empresario, Panamá tiene una economía de libre oferta y demanda y, por ende, se debe mantener así.
"Yo creo que debemos recapacitar y eliminar ya ese control de precios y dejar que los mercados se sigan ajustando", "creo en la buena voluntad de muchos empresarios que se están dando cuenta de que si a ellos se les está bajando el costo de operación, ellos pueden trasladar ese ahorro al consumidor", aseveró De la Lastra.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Ricardo Sotelo, va más allá y cree que lo que se debe hacer en el país es desarrollar puestos de trabajo para que la gente tenga la oportunidad de ganarse el pan y no crear más subsidios.
El control de precios, para Sotelo, es un concepto contradictorio al mercado de la libre empresa, por lo que no combina. Explicó que "trabajar esto durante casi dos años y darle largas no tiene sentido alguno".
Asimismo hay quienes indican que si el Gobierno lo sigue prorrogando, podría suceder un fenómeno en los comercios, ya que algunos o cerrarán o no venderán más, porque están siendo presionados con un control de precios que ni siquiera les da beneficios económicos.
Según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito fue de $304.12 en enero de 2016, es decir, un $40.62 o 0.20% más que el mes anterior. Mientras, la del resto del país se ubicó en $278.85 un $0.65 o 0.23% más.
Según asegura Augusto Reyes Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (ACPTA), los más afectados son los productores, ya que los supermercados son los que les indican el precio.
Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que la demanda está necesitando alimentos más baratos y que ningún consumidor puede vivir de la compra de productos regulados.
El 100% de las denuncias recibidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en enero pasado pertenecen al control de precios.
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