El Legislativo de Puerto Rico planea aprobar esta noche un proyecto de urgencia para que el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, pueda declarar una moratoria general en el pago de la deuda de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
El proyecto, que será radicado ante la Asamblea y el Senado locales de forma simultánea, se basa en la declaración de una emergencia fiscal ante la incapacidad de la Administración de hacer frente a sus deudas, entre ellas las del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno.
Esta decisión tiene lugar después de que durante todo el día los máximos responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la isla debatieran sobre cómo reaccionar ante la demanda interpuesta hoy por un grupo de acreedores del BGF.
Los demandantes piden a la Justicia federal que intervenga la entidad financiera y le prohíba por orden judicial realizar más pagos hasta que el conjunto de la deuda sea reestructurada debidamente, para garantizar un reparto justo de los pagos entre los múltiples acreedores de esta entidad.
La medida que se quiere aprobar esta noche permitirá al gobernador decretar una moratoria sobre toda la deuda pública, no sólo la del BGF, y ganar así tiempo a la espera de que EE.UU. apruebe algún tipo de plan que permita a Puerto Rico acogerse a la ley federal que regula los procesos de quiebra y bancarrota.
De hecho, y según explicaron los presidentes de ambas Cámaras, así como la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, la medida otorgará la potestad al gobernador de declarar incluso la moratoria sobre las obligaciones generales, cuya prioridad en los pagos está garantizada por la Constitución de la isla.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó hoy en una audiencia pública de "desoladora" la situación humanitaria que vive Puerto Rico como consecuencia de la crisis fiscal y la carga que supone una deuda de 72.000 millones de dólares.
La "ecuación" de deuda pública y sus efectos humanitarios dejan una "situación desoladora", afirmó el comisionado Enrique Gil Botero, tras asistir a la exposición de organizaciones civiles de Puerto Rico, así como de representantes del Gobierno de la isla y del Ejecutivo federal.
La comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, ofreció a los Gobiernos de Puerto Rico y de EE.UU. la posibilidad de que un equipo de la CIDH visite la isla para evaluar la situación de crisis, propuesta que todas las partes acogieron con entusiasmo.
El viaje todavía está pendiente de confirmación por parte de la CIDH, que tendrá que considerar presupuesto y calendario, según aclaró a Efe la jamaiquina May Macaulay, elegida hoy como segunda vicepresidenta de la Comisión.
Los peticionarios, representantes de la sociedad civil puertorriqueña, expusieron cómo la deuda pública ha conducido al recorte de servicios públicos hasta el punto de mermar los derechos civiles y humanos de los más de 3,5 millones de habitantes de la isla.
El "derecho a la educación, sanidad, justicia y vivienda", así como la "transparencia" y el "acceso a la información" no están garantizados en este momento en este Estado Libre Asociado de EE.UU., resumió Osvaldo Burgos, del Comité Amplio para Búsqueda de Equidad.
Además, el aumento de las diferencias entre clases ha dejado ya al 46 % de la población bajo el umbral de la pobreza y mantiene el salario medio congelado desde hace 12 años, a pesar de la inflación, según los peticionarios.
Las solicitudes de los demandantes incluyeron "la moratoria del pago de la deuda" y la dotación de "un instrumento democrático" para que la sociedad civil participe de la búsqueda de la solución de la crisis "que garantice los derechos civiles y humanos", sintetizó la abogada Ana Irma Rivero, de la asociación Vamos Puerto Rico.
La Ley federal de Quiebras no considera a Puerto Rico como un estado más de EE.UU. y la Justicia federal consideró inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
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