La Comisión Europea (CE) reclamó ayer más poderes de control del proceso de homologación de coches y de sanción en caso de que se detecten malas prácticas, después de que el caso Volkswagen evidenciara las graves carencias del sistema actual, en manos de los países.
"Ha quedado claro que la Comisión Europea tiene que tener un poder de supervisión", afirmó ayer la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, durante la presentación de la nueva legislación.
Este movimiento supondrá dar competencias al Ejecutivo comunitario en una cuestión que actualmente está controlada íntegramente por los Estados miembros: los procesos de control y homologación de los vehículos.
El hecho de que fuera en Estados Unidos y no en Europa donde se descubrió el trucaje introducido por el gigante automovilístico alemán ha sacado los colores a las autoridades competentes y ha planteado serias preguntas respecto a la eficacia del sistema europeo, sobre el que se cierne además la sombra de la sospecha de la complicidad.
La falta de una reacción contundente por parte de las autoridades, el descubrimiento de otros casos similares en marcas como Renault y la constatación de que VW se plantea compensar en mayor grado a los consumidores estadounidenses que a los europeos ha aumentado la sensación de impotencia en Bruselas, carente de instrumentos de reacción, pero objeto de críticas.
"La CE no tenía ningún poder para tomar la iniciativa" en el caso Volkswagen y "bajo la actual legislación no tenemos poderes ni para preguntar a los Estados miembros si algo va mal", se lamentó Bienkowska, quien defendió que el Ejecutivo comunitario necesita poderes para ejercer una vigilancia reforzada sobre el sector.
En caso de que surja un nuevo caso de fraude, si el país o los países afectados no reaccionan, Bruselas pide tener la capacidad de multar con hasta 30,000 euros ($32,535) por coche trucado a los fabricantes que incumplan las normas.
También quiere poder retirar los coches afectados y llevar a cabo test aleatorios a vehículos ya en la carretera.
La vigilancia europea se extendería también a los servicios técnicos que ejecutan las pruebas a los coches, a los que la comisión podrá quitar su licencia o incluso multar si no ejercen sus controles de manera rigurosa.
Además, esos servicios técnicos no podrán seguir recibiendo financiación del sector automovilístico.
Bruselas va un paso más allá y apunta también a las autoridades nacionales de homologación.
Para evitar quejas de intromisión comunitaria, la CE plantea que se sometan a revisiones periódicas.
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