Empresarios coinciden en que el Gobierno panameño debe darle un ultimátum a Colombia en cuanto a la eliminación del arancel impuesto a textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC), que fue un fallo emitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Colombia, luego de incumplir el fallo y extender la medida, ha ratificado que la misma busca combatir, entre otros, el contrabando, lo que ha disgustado a los comerciantes de la ZLC, ya que sostienen que el país vecino ha irrespetado a Panamá.
El propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló a miembros de la industria textil que van a estudiar y a seguir tomando las medidas que sean necesarias para protegerla de la subfacturación y del posible lavado de activos.
Esto fue confirmado por la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, quien dijo que se han adelantado conversaciones con Panamá para buscar mecanismos que permitan que cuando Colombia cambie o transforme el arancel, "tengamos la total confianza, en conjunto con Panamá, de que estamos asegurando la no subfacturación", tal como publicó la agencia de noticias Efe.
Usuarios de la Zona Libre de Colón han señalado que les preocupa la inacción del Gobierno panameño en defender la honra del país, ya que "en Panamá no somos narcotraficantes".
"Si hay un país donde el negocio de narcotraficantes existe es en Colombia", dijo Usha Mayani, presidente de la Asociación de Usuarios.
Julio De La Lastra, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sostiene que "esto demuestra la manera irresponsable en que se ha manejado Colombia, ellos quieren controlar un tema de contrabando de ellos haciendo que otros países sean sus policías y eso no es aceptable".
Ante la presión que han mantenido los comerciantes del emporio comercial en cuanto a que las autoridades tome una medida contundente contra la acción de Colombia, el Gobierno anunció ayer que aprobó en Gabinete reforzar las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá.
Sin embargo, Mayani ha señalado que lo comunicado por el Gobierno es una manera de aparentar que está actuando cuando en verdad lo que está haciendo es dilatando.
Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señaló que en su momento se le había notificado al Gobierno que la ley de retorsión panameña no contaba con la fuerza necesaria, por lo que es ahora que se ha reforzado y enviado a la Asamblea.
Julio De La Lastra señaló que, habiendo identificado las medidas de retorsión que se pueden tomar desde el punto de vista legal, se le debe dar un ultimátum a Colombia y decirle que "hemos agotado el diálogo y esto es lo que va a pasar si no cumplen con el fallo de la OMC".
Por su parte, Troncoso coincide con De La Lastra en que ya hay que hacer una declaración más enérgica y ponerle un tiempo de cumplimiento a Colombia.
Señaló que Colombia ha sido un país aliado por muchos años y sorprende la actitud que ha adoptado en este caso, y que pareciera está relacionada con las exigencias de la Ocde.
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