La corrupción ha tomado niveles "preocupantes" en Latinoamérica, aseguró en Guatemala el consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el argentino Juan Carlos Gómez.
El experto, quien participa en el V Encuentro Internacional por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo que se celebra en la capital guatemalteca, explicó que antes los niveles de corrupción eran "importantes" y ahora se han vuelto "preocupantes" y no solo en Guatemala sino en varios países latinoamericanos.
Las denuncias de corrupción provocaron el año pasado en Guatemala la caída del presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ambos están acusados de ser los supuestos líderes de al menos tres tramas de corrupción conocidas como "La Línea", "TCQ" y "Cooptación del Estado", en las que también están implicados exfuncionarios y particulares.
Gómez dijo a Acan-Efe que la corrupción se ha convertido en un elemento "muy negativo" porque atrás se esconden temas del narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros.
También incide en la baja calidad de los servicios que presta el Estado porque con la baja tributación no hay recursos para mejorar la educación, la salud, el agua, saneamiento, seguridad o la electricidad, dijo.
"La gente no quiere pagar más para recibir servicios malos, prefiere evadir y la recaudación se erosiona, es un círculo vicioso", aseveró.
En Guatemala la evasión fiscal se estima en casi 2.000 millones de dólares anuales.
Agregó que en el caso de Centroamérica la situación de la recaudación fiscal ha mejorado a lo largo de los años y está en una posición "mejor que algunos países de América Latina".
"Ha habido avances en materia de estructura de tributos, del nivel de recaudación, salvo Guatemala que es un país renuente a aumentar la carga impositiva", manifestó.
El experto argentino aseguró que la evasión fiscal es un tema "complejo" para cuyo combate se requiere de mucha decisión de los gobiernos y presidentes para que se cumpla la ley.
"El que evade tiene que tener claro que si se le detecta no le va a salir barato", pero las empresas "están bien asesoradas, tienen los mejores abogados y eso al Estado se le hace difícil", acotó.
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