El Gobierno griego y los acreedores del país concluyeron ayer una semana de negociaciones sobre los flecos pendientes de la primera evaluación del programa de rescate con avances en la mayoría de temas, pero sin un acuerdo final.
Las partes acordaron seguir negociando la semana próxima a distancia, pues todos, salvo la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), se marcharon de Atenas.
Del buen término de esta negociación sobre 15 requisitos pendientes depende el desembolso de un tramo de 2,800 millones de euros.
El Gobierno y los representantes de la denominada "cuadriga" (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional) abordaron además los temas de la segunda evaluación, entre ellos la polémica reforma laboral, que, según el calendario previsto, comenzará a mediados de octubre.
Uno de los temas mayores que el Gobierno espera concluya en los próximos días es el nombramiento de la ejecutiva del nuevo fondo de privatizaciones, compuesta, según el plan de rescate, de tres griegos y de dos extranjeros.
Fuentes del Gobierno citadas por los medios locales se mostraron confiadas de que los temas pendientes podrán resolverse hasta la reunión, el 29 de septiembre, del Grupo de Trabajo el Eurogrupo.
Algunos de los puntos en los que hubo acercamiento fue el tema de la amnistía penal y reducción drástica de multas para los evasores fiscales que declaren voluntariamente los ingresos para los cuales no habían pagado los impuestos correspondientes.
Los representantes de la cuadriga habían aceptado en un principio solo la amnistía penal e insistían a la necesidad de imponer multas de hasta el 120% de la cantidad de dinero no declarada.
Los acreedores, en cambio, expresaron fuertes reservas sobre la propuesta de crear una cuenta bancaria que no pueda embargarse para las empresas que tienen deudas atrasadas con la Hacienda.
El objetivo de esta medida, anunciada la semana pasada por el primer ministro griego, Alexis Tsipras, recibió el apoyo del mundo empresarial, especialmente de las pymes, y su propósito es garantizar que las empresas endeudadas puedan seguir pagando salarios, proveedores y obligaciones corrientes con la Hacienda y con la seguridad social.
En rigor este asunto no forma parte del catálogo de requisitos pendientes, pero el Gobierno debe consultarlo con los acreedores como todos los temas que tengan repercusiones financieras.