Los miembros del sector legal que facilitan la evasión fiscal, el blanqueo de capitales u otro tipo de operaciones similares debieran ser penalizados, recomendaron el premio Nobel, Joseph Stiglitz, y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth.
"Cualquier abogado, agente registrado u otro actor que, sabiéndolo, registra una empresa o un trust cuyo principal propósito es evadir o eludir impuestos o dedicarse al blanqueo de capital debe ser sujeto a una suspensión y en el caso de ofensas múltiples, a la revocación de su licencia", aseguran los expertos.
Los expertos pidieron "tolerancia cero" contra los paraísos fiscales y que se actúe en contra de los que se benefician de su falta de transparencia para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción.
Stiglitz y Pieth hicieron un adelanto de sus conclusiones ayer en Bruselas y, hoy se espera que presenten un informe ante un comité del Euro Parlamento.
Recientemente el vicecanciller panameño Luis Miguel Hincapié destacó que la evasión fiscal actualmente no es penalizada en Panamá, en tanto que hay sectores nacionales e internacionales que cuestionan la protección del actual Gobierno hacia la firma ligada al escándalo mundial.
Ramón Fonseca Mora, quien es miembro del Partido Panameñista y donante de la campaña de Juan Carlos Varela, se ha burlado de los procesos legales y no ha sido ni indagado ni llamado a declarar por el Ministerio Público panameño, bajo la administración de la procuradora Kenia Porcell.
Stiglitz y Pieth, quienes renunciaron al Comité de Expertos creado por el Gobierno panameño para revisar la plataforma financiera del país, tras el escándalo de los Panamá Papers, dudan del resultado del informe que presentará el actual equipo.
Ellos creen que las conclusiones del informe sobre este caso no serán tan sólidas como deberían, ya que la firma Mossack Fonseca es muy allegada al Gobierno actual, que está al mando del presidente Varela.
"Las reformas que se necesitan en el país debilitarían las del modelo económico de esta firma de abogados y de otras que se dedican a la misma actividad", advierten.
Destacan que se mostrarían muy sorprendidos si el comité actual en Panamá llevara a cabo una recomendación muy amplia y con unas bases sólidas como las que ellos estaban proponiendo; "ojalá que sea así", resaltan.
Otras de las recomendaciones que hicieron los exmiembros el comité es que se identifique a los propietarios beneficiarios de cuentas y empresas, algo "clave tanto para permitir el intercambio automático de información, así como para prevenir el blanqueo de capitales".
Argumentaron la necesidad de crear registros públicos, lo que facilitaría el rastreo del movimiento de capital y permitiría reconocer los dineros provenientes de actividades ilícitas. Recalcaron la importancia de actuar contra las redes opacas y las "entidades zombies".
Frente a esto, el economista Raúl Bethancourt manifestó que los expertos se refieren a redes financieras que están legalmente constituidas, pero simplemente son de papel, sin presencia física que se pueda detectar y son armadas a la luz de las condiciones internas de cada país.
El economista cuestionó la acción del Gobierno y de las instituciones especializadas, que han sido "extremadamente débiles" frente a este escándalo.
Agregó que este es un ataque más y le va a corresponder no solo al Gobierno, sino a los actores del centro financiero dar su posición firme y sin temor sobre esta situación.
"Creo que hay temor, así como falta de liderazgo por parte de la empresa privada a defender sus propios intereses y solo esperan que otro asuma sus roles", indicó Bethancourt.
"Ese hackeo viene de EE.UU. y fue financiado de acuerdo a informaciones que salieron publicadas, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a través del encubrimiento de fuentes de financiamiento", resaltó.
Aplazan informeCoincidentemente, ayer, cuando Stiglitz y Pieth hicieron fuertes señalamientos sobre el tema de la evasión fiscal, el comité de expertos en Panamá decidió aplazar la entrega de su informe al Gobierno para este viernes 18 de noviembre.
"El Gobierno recibirá el informe, lo estudiará y lo hará público seguramente en diciembre", indicó el secretario de comunicación.
Ayer también se conoció que la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes Británicas impuso el pasado 11 de noviembre una multa de $440 mil al bufete de abogados Mossack Fonseca. La sanción se deriva tras la publicación de los documentos que destaparon el entramado de sociedades creadas para la presunta evasión fiscal y el lavado de dinero.