Los $10.1 millones recaudados a través del cobro del impuesto de 0.5% para cubrir los costos de soterramiento del cableado, no se devolverán a los panameños, dijo el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana.
Sostiene que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no genera un efecto retroactivo.
Explicó que el efecto práctico de la sentencia emitida por la Corte conlleva la suspensión del cobro de la tasa a los clientes, la cual se hará en el momento en que la Corte, a través del medio que considere idóneo, notifique a la entidad.
"De antemano, nos estamos comunicando con las empresas para que tengan esto previsto", dijo el funcionario.
También aseguró que se mantendrá la suma de dinero que ya se cobró para finalizar los proyectos existentes.
Este fondo no estaba compuesto solo por esta tasa, existen otros aportes que estableció la ley, como los obtenidos cuando se da la prórroga de una concesión de celulares, como el caso de Movistar y Cable & Wireless, hace dos años.
Actualmente se cuenta con un aporte de aproximadamente $44 millones, más la suma cobrada a los clientes de los servicios de telecomunicaciones.
El monto total oscila entre $48 y $50 millones, dinero que se utilizará para terminar los proyectos existentes, uno de ellos es el del área bancaria, para el cual inicialmente se originó la iniciativa, según la Asep.
Existen otros dos proyectos en Santiago y David que también se tratarán de manejar con los recursos que ya se han recaudado.
El administrador de la Asep informó que existe la opción de que las empresas de distribución eléctricas puedan construir los ductos del proyecto con los ingresos que reciben de los cobros de las tarifas de energía y, posiblemente, esta misma infraestructura sirva para los cables de telecomunicaciones.
No obstante, esto necesitará que las empresas de telecomunicaciones le paguen un peaje para que así el cliente no tenga que aportar nada directamente.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño reiteró lo injusto que fue el cobro de la tasa de 0.5% a todos los panameños, tomando en cuenta que solo beneficiaría a un grupo de la población.
En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, rechazó la decisión de la Asep y asegura que si el cobro es inconstitucional, significa que es un "dinero mal habido" que debe regresar a quienes fueron objetos del cobro ilegal.
Acosta insistió en que debe existir la forma de resarcir a los panameños, tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras, para Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), es lamentable que las interpretaciones jurídicas no permitan regresar este dinero a los usuarios a los cuales fue sustraído.
"Esto deja en evidencia, que no existe una normativa que proteja a los contribuyentes panameños en casos en que se les cobre un impuesto ilegal", concluyó Fletcher.
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