La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, presentó hoy un informe de gestión , detallando los avances en la aplicación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta Intendencia, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene la responsabilidad de regular y supervisar a 16 sectores no financieros en el cumplimiento de estas medidas, entre ellos contadores, abogados (agentes residentes), notarios, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de autos nuevos y usados, empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, casinos y juegos de suerte y azar, casas de remesas, casas de empeño, casas de cambio, corredores de bienes raíces, empresas de transporte de valores, promotoras, constructoras y agentes inmobiliarios.
“Panamá está a la vanguardia en esta materia. Ningún otro país de la región regula y supervisa actualmente a tal cantidad de sectores no financieros de su economía”, precisó Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, durante la conferencia de prensa.
En su primer año de operación, la Intendencia desarrolló jornadas de capacitación a sus sujetos obligados no financieros referentes a la nueva legislación e inició los procesos de supervisión y regulación que le competen en los distintos sectores. Además, la Junta Directiva de la Intendencia aprobó 16 resoluciones dirigidas a cada sector no financiero supervisado, así como el manual de supervisión correspondiente, entre otras directrices.
“El proceso de supervisión de los sujetos no financieros se inició en octubre de 2015. En esta primera etapa, han sido supervisados más de 30 sujetos obligados, entre los cuales se incluyeron firmas de abogados, empresas de la Zona Libre de Colón y casas de remesas, ordenando las prioridades de trabajo de acuerdo a los niveles de riesgo identificados”, explicó Sánchez.
Estas supervisiones fueron constatadas durante la visita en sitio realizada por el grupo revisor del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a mediados del mes de enero pasado y evidenciaron que Panamá había iniciado el proceso de implementación de las leyes aprobadas. Las mismas formaron parte del reporte que sirvió de base para la salida de Panamá de la lista gris.
Las empresas supervisadas fueron orientadas y se les definió un plan de acción y un periodo de tiempo para que realizaran las adecuaciones correspondientes. Una vez vencido este periodo, serán objeto de una nueva supervisión a fin de verificar que han cumplido con lo pactado. En caso de incumplimiento, podrían ser sancionadas administrativamente, con la cancelación, retiro, restricción o remoción de licencias y certificados de idoneidad, y pecuniariamente, con multas de 5,000 a 1,000,000 de dólares.
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