El Gobierno de Panamá acordó este viernes la creación inmediata de una comisión que propondrá las indemnizaciones de los afectados por el polémico proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, construido en los límites de la comarca Ngäbe Buglé.
El grupo, que deberá dar seguimiento al tema, estará integrada por los ministerios de Ambiente, Desarrollo Social, Gobierno y Desarrollo Agropecuario, y la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), que deberá entregar un informe sobre afectaciones a los caciques de ese pueblo, así como la propuesta de indemnización que genere la comisión de Gobierno, informó la Vicepresidencia panameña.
Tras una reunión entre la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, y los líderes indígenas, el Gobierno anunció este viernes que se prepara para la ejecución de un acuerdo que firmó en agosto pasado con las autoridades de la comarca para que Barro Blanco inicie operaciones.
El convenio, que es rechazado por un sector de ese pueblo que ha protagonizado varias protestas exigiendo la cancelación total del proyecto, se aplicará tan pronto el Congreso General Ngäbe Buglé lo ratifique, reiteró la información oficial.
El Congreso General Ngäbe Buglé se define como el espacio de participación social y democracia ciudadana de los pueblos originarios de la comarca del mismo nombre, y se espera que sesione la próxima semana para tratar el acuerdo sobre Barro Blanco.
La hidroeléctrica se encuentra casi terminada y será puesta en marcha en una fecha aún no definida gracias al pacto firmado por el presidente del país, Juan Carlos Varela, y las autoridades de la comarca.
Previamente al encuentro con las autoridades indígenas, De Saint Malo conversó con autoridades locales, regionales y diputados de la comarca para avanzar en la hoja de ruta de los compromisos pactados.
La construcción de la hidroeléctrica, sobre el río Tabasará, cerca de las áreas comarcales Ngäbe Buglé, en el oeste de Panamá, estuvo paralizada por más de año y medio por incumplimientos ambientales de la concesionaria, la empresa de capital centroamericana Genisa S.A., y el rechazo de la comunidad indígena vecina.
El acuerdo suscrito en agosto pasado para su reactivación fue fruto de año y medio de conversaciones en una mesa de diálogo, y establece la salida de Genisa del proyecto para que sea operada por un tercero independiente, aún por designar.
Algunos grupos indígenas rechazan lo pactado e insisten en que el proyecto debe ser abortado, por lo que han bloqueado algunos tramos de carreteras y se han enfrentado a los policías antimotines con palos, piedras y otros objetos, con saldo de varios heridos de lado y lado.
Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP-pública) también han salido a protestar bloqueando una arteria vial de la capital en apoyo a los indígenas que rechazan la hidroeléctrica.
Varela insistió el jueves en la necesidad del diálogo para resolver la controversia por la hidroeléctrica, y defendió la "prudencia en el uso de la fuerza" de su Gobierno para contener las protestas de los grupos indígenas que rechazan el proyecto.
Barro Blanco, que comenzó a construirse en 2011, proyecta generar 28,56 megavatios, cerca de 2 % de la capacidad instalada del país.