A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela vetó parcialmente las reformas a la ley de la Aupsa, los productores decidieron ayer levantar el paro y enviar sus productos a los mercados.
El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Lorenzo Jiménez, explicó que dadas las pérdidas económicas, que ascienden a más de medio millón de dólares, registradas durante dos días de protestas, decidieron que a partir de hoy volverán a enviar al Mercado de Abastos camiones con productos.
"La medida se toma en virtud de las especulaciones que han surgido en cuanto a los precios de los productos a los consumidores, pero esto no significa que vamos a desistir de la Ley 443, que fue vetada parcialmente por el mandatario", expresó.
El dirigente no descartó que se inicien las consultas con los diputados para que el proyecto de ley 443 pueda ser aprobado por insistencia, debido a la actitud del presidente de darle la espalda a los productores nacionales y favorecer a los importadores.
Agregó que hoy sostendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, para abordar el tema.
De acuerdo con Yori Morales, presidente de la Asociación Comercializadora del Mercado de Abastos, en estos dos días de protesta se reportó un desabastecimiento y especulación de precios de hasta un 75%.
Explicó que el desabastecimiento afectó a los hospitales, restaurantes, hoteles y otros mercados ubicados en las provincias de Colón y Darién, Guna Yala, el distrito de La Chorrera y las islas del Pacífico.
A pesar de esta problemática, el presidente Juan Carlos Varela decidió vetar parcialmente el proyecto de ley 443 y anunció el establecimiento de una mesa de trabajo para consensuar las diferencias de opiniones que existen en el sector en torno al tema.
La mesa de trabajo estará compuesta por los ministerios de Desarrollo Agropecuario, de Salud y de Comercio, así como autoridades de la Aupsa.
Sin embargo, los productores han señalado en reiteradas ocasiones que este proyecto fue debatido ampliamente con representantes de la Aupsa y de la Federación de Cámaras, por lo cual no comprenden la solicitud de la CCIAP.
Agregaron que el veto de esta ley deja al país en manos de las importaciones, provocando que muchos de ellos dejen la actividad, que ya no les es rentable debido a la competencia desleal.
Los productores vienen desde hace meses solicitando la sanción del proyecto de ley con la finalidad de normar las importaciones, que hasta el momento se han dado de manera indiscriminada, según afirman.
La semana pasada, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura envió una nota al Ejecutivo para solicitarle el veto de los artículos 3, 4, 5, 8, 9 y 10 del proyecto de ley, y automáticamente el Ejecutivo tomó la decisión de seguir apoyando al sector importador y no a quienes producen los alimentos.
El Ejecutivo sustentó el veto parcial del proyecto declarando inexequibles los artículos 2 y 3 e inconvenientes los artículos 3, 5, 6 y 8.
En cuanto a lo inexequible del artículo 2, el Ejecutivo sustenta: "Esto claramente va en contra de lo normado en el artículo 4 de la Constitución Política, que establece que Panamá acatará las normas de derecho internacional, y en este caso, el artículo 2 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, del que Panamá es signatario".
También emitió objeción por inexequible e inconveniente el artículo 3 del proyecto de ley, que se refiere a la inclusión de un representante de la Unión de Productores de Panamá y uno de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá como miembros de la junta directiva de la Aupsa.
Además se opuso a los artículos 5 y 6 indicando que se pretende imponer de forma obligada a los entes técnicos y científicos de la autoridad los criterios subjetivos del consejo consultivo.
Igualmente, refutó el artículo 8, que pretende eliminar la figura del silencio administrativo e incorporar la figura del impulso procesal.
Según los productores, el Decreto Ley 11 de 2006, que creó la Aupsa, viola la convención internacional de protección fitosanitaria de la cual Panamá es miembro desde el 14 de febrero de 1968.
Sin embargo, el Gobierno se empeña en destacar que Panamá no puede violar los Tratados de Libre Comercio (TLC), tal como lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.