El crecimiento del desempleo reportado por la Contraloría General de la República dista del discurso del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, quien aseguró que este año los contratos de trabajo iban a crecer 10%.

Así lo expresó el economista Juan Jované, quien indicó que cuando la economía se desacelera, crece la tasa de desempleo.

"Cuando la productividad y la economía van creciendo, el empleo no se comportará de igual manera y las estadísticas lo reflejan en este momento", señaló.

Según la encuesta de Mercado Laboral preliminar, publicada por la Contraloría General, el número de desempleados en el país pasó de 92,260 a 105,815 de agosto de 2015 a marzo de 2017, es decir, unos 13,555 más.

A juicio de Jované, esto puede tener efectos negativos, ya que cuando hay más desempleo, hay menos gente con capacidad adquisitiva y en momentos en que la economía no está funcionando tan bien, eso significa que el consumo crecerá menos.

Según las estadísticas oficiales, la población desocupada en agosto de 2016 sumaba 102,944 y a marzo de este año, asciende a 105,815, unos 2,871 desempleados más.

Otro aspecto que destaca el informe es que los niveles de desempleo en los hombres y las mujeres son bastante similares.

Un total de 51,736 hombres y 54,079 mujeres se encontraban desempleados en marzo 2017, arroja el reporte de la Contraloría General.

La posibilidad de penalizar la evasión fiscal es un tema que sigue generando rechazo por parte de miembros de la sociedad civil.

El abogado Ariel Corbetti indicó que tipificar como delito la evasión fiscal constituiría un instrumento disuasivo de la inversión y podría convertirse en el último clavo del ataúd de nuestro sistema de servicios internacionales y del principio de territorialidad que nos rige.

"Sería imposible tipificarla como un delito sin antes emprender una reforma integral del Código Fiscal y sin que se impulse la modernización efectiva de los procesos que atiende la Dirección General de Ingresos y reducir la mora que mantiene esa institución frente a sus contribuyentes", manifestó.

Penalizar la evasión fiscal es una de las recomendaciones que le han hecho varios organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional a Panamá.

Los hospedajes clandestinos siguen expandiéndose en Panamá en forma gradual, ante la falta de sanciones fuertes, no solo afectando la industria turística, sino también los ingresos del Estado.

Esta actividad ilícita se ha convertido en un foco de problemas y riesgos sociales, que alimentan la inseguridad, el tránsito internacional de personas peligrosas, consumo de drogas y la prostitución.

Hasta en edificios donde funcionan hoteles existen hospedajes clandestinos.

A pesar de que la ley de turismo establece sanciones económicas que van hasta los 50 mil dólares, los hospedajes clandestinos en residencias y apartamentos, a través de tarifas diarias, han evolucionado al grado de funcionar con estructuras organizadas y el uso de herramientas cibernéticas para buscar a sus clientes de forma ilegal, entre ellas páginas de internet reconocidas a nivel mundial como Airbnb, Booking.com y Expedia.

En estos hospedajes clandestinos diarios, nadie sabe qué personas se registran en estos apartamentos, ya que no hay un formal registro de quién lo habitará, como en un hotel.

Este problema, a la vez, pone en peligro a los vecinos propietarios y arrendatarios legales de edificios o áreas donde operan, ya que no están adecuadamente preparados, como un hotel, en temas de incendios, salidas de emergencias y cámaras de vigilancia.

Incluso, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha advertido que estos apartamentos arrendados clandestinamente, por lo general, son foco de actos ilícitos como prostitución y uso de sustancias ilegales, que pueden perjudicar a los vecinos que residen legalmente en condominios o edificios residenciales.

La expansión de los hospedajes clandestinos también ha llegado al mismo terreno de los grandes hoteles.

Es decir, en los mismos edificios donde operan las cadenas de hoteles lujosos de Panamá se ofrecen abiertamente hospedajes clandestinos, haciéndoles de frente la competencia desleal. Tal es el caso de hoteles como el Trump, en Punta Pacífica.

Son edificios mixtos donde operan hoteles, pero también hay apartamentos privados de los que se está aprovechando su posición para entrar en el gran negocio de los hospedajes clandestinos o piratas.

Por ejemplo, en el edificio Trump, solo 369 habitaciones tienen permiso para operar como un hotel y alquilar unidades diariamente.

Los otros 600 condominios de este hotel no están autorizados para operar como un negocio de hospedaje diario.

En el edificio Hard Rock, solo 600 de las 1,500 habitaciones tienen permiso para ser operadas como un hotel y alquilar unidades diariamente.

Los 900 apartamentos restantes no pueden ofrecer el servicio de alojamientos cortos.

Fuentes del sector explican que en estas torres o edificios que operan hoteles, hay propietarios que acaparan varios apartamentos para ofrecer ilegalmente hospedajes que promedian los 50 dólares la noche, frente a los 120 o 150 dólares de la tarifa de un hotel formal, que paga impuestos y sirve de recaudador al Estado.

La ATP advirtió en su página web de las acciones contra los hospedajes en edificios o residencias que no tengan permiso de alojamiento por menos de 45 días, pero no ha servido para detener el problema.

La Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 establece en su artículo 21 que "se prohíbe todo arrendamiento inferior a cuarenta y cinco días en el distrito de Panamá, a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico (edificios o residencias).

"Dicho acto será sancionado por la Autoridad de Turismo de Panamá con multa de cinco mil dólares ($5,000.00) a cincuenta mil dólares ($50,000.00), considerando la gravedad de la falta o reincidencia en dicho acto por parte del sujeto arrendador. Serán objeto de estas mismas sanciones las personas que publiciten por cualquier vía, incluyendo la electrónica, estos servicios".

La ATP sostiene que el hospedaje clandestino afecta la seguridad pública y la del turista que ingresa al país; es foco de defraudación fiscal y se convierte en competencia desleal para los negocios de este tipo que ejercen de forma legal esta actividad en el país.

El problema está generando un movimiento para exigirles a la ATP y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial leyes más fuertes contra el hospedaje ilegal, incluyendo sanciones económicas más elevadas y ejemplares, tanto para el infractor como para la propia administración de los PH o edificios donde se ejecuta esta actividad.

"No hemos encontrado argumentos de fondo para derogar el Decreto Ejecutivo 130", así lo manifestó el subdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Rainer del Rosario.

Indicó que el Decreto no afecta directamente al ciudadano, razón por la cual solo se suspendió para ser discutido y posteriormente se tomará una decisión.

Por su parte, el viceministro Iván Zarak reconoció que no hicieron la consulta porque a su juicio es un tema técnico. 

"No hemos llegado a un consenso, todos estamos de acuerdo que debemos hacer una revisión del decreto"

Aseguró en Telemetro Reporta que en el documento no se impone ningún avalúo y revalúo, sino que varias entidades del gobierno como la Anati, el Municipio y la Dirección General de Ingresos compartan la misma información.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez señaló "que no era el momento de lanzar un decreto que no es necesario, fue una total imprudencia política"

"El decreto no era innecesario porque hay cosas que se establecen en el Código Fiscal como el revalúo", agregó.

Gómez reiteró que el documento debe ser derogado ya que es innecesario y confunde a la población.

Tras la suspensión del polémico decreto, sectores de la sociedad civil saldrán nuevamente a las calles para exigir el documento sea derogado.

Transportistas del sector turismo volvieron a la calle este lunes para realizar un volanteo y a la vez una protesta pacífica contra UBER, en la Avenida Balboa frente al Hotel Hilton, diagonal a la Aquilino de la Guardia.

Víctor Ramos, dirigente transportista del sector manifestó que este es uno de los peores momentos con un sistema pirata que nos a impuesto el gobierno en complicidad con el poder económico que nos quieren desaparecer y apoderarse del turismo en Panamá y otros sectores.

En el lugar ya se enuentran unidades de la Policía Nacinal.

Cabe mencionar que la 9:00 a.m. inició la práctica de pruebas y testimonios en la demanda de la Cámara Provincial de Transporte contra Uber.

Se harán tres sesiones: hoy lunes, el miércoles y el viernes en la sede de la Autoridad del Tránsito (ATTT) en el Centro Comercial Los Pueblos II.

Con información de Víctor Arosemena...

La Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), instó a las autoridades del país a modernizar la administración tributaria que implique la mejora en el sistema de recaudación de impuestos y la agilización de procesos para los contribuyentes aplicados por la Dirección General de Ingresos (DGI).

"Mediante diversas reformas, se ha impuesto una carga cada vez más alta a los empresarios. Nos referimos al CAIR, el sistema de “adelantos” a impuestos mediante mecanismos de retención, y más recientemente la creación de los agentes retenedores del ITBMS.  Adicionalmente, existen fallas en el reconocimiento y aplicación de créditos fiscales como el tema de los créditos por intereses preferenciales y otros", expresó el gremio a través de un comunicado de prensa.

La CCIAP reitera que es indispensable la prudencia en el gasto público, especialmente lo que se refiere al gasto de funcionamiento de los entes del Estado, que deben operar de la manera más eficiente, logrando el cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

"Priorizar las inversiones públicas debe ser también parte del plan de acción en la administración responsable de los fondos públicos", añadió.

El gremio señaló su disposición de colaborar con las autoridades en la definición de una política fiscal eficiente, que incluya la simplificación de trámites burocráticos y la eliminación de carga indebida de responsabilidades fiscales a empresas y personas.

A partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuenta con un centro de información interactivo, que permitirá a quienes ingresen al país conocer todas las ventajas comerciales y turísticas de Panamá.

Con la inauguración de este pabellón comienza la campaña Panamá: "La Gran Conexión". 

El ministro de Comercio e Industria, Augusto Arosemena señaló que el turismo y la inversión son actividades que aportan considerablemente a la economía nacional y generan empleos.

Agregó que el pabellón resalta las ventajas comerciales y turísticas del país al servicio de más de 15 millones de pasajeros.

Latinoamérica tendría que estar invirtiendo tres o cuatro veces más de lo que dedica a las infraestructuras para "acercarse" a economías más desarrolladas, según José Acosta, presidente de Asuntos Gubernamentales para las Américas en UPS, uno de los líderes globales en logística.

En una entrevista telefónica con Efe, Acosta, que es el interlocutor de UPS con los Gobiernos de la región, indicó que el déficit de infraestructuras y la brecha educativa lastran el crecimiento de América Latina y el Caribe.

En lo que se refiere específicamente al comercio exterior un importante obstáculo es la falta de automatización de los procesos aduaneros, de acuerdo con el directivo de origen cubano.

Habría que agilizar ese proceso y aumentar la transparencia, indicó Acosta.

UPS, que es la empresa número uno del mundo en envíos de paquetes, pero además ofrece soluciones para toda la cadena de suministro, tuvo unos ingresos de 61.0000 millones de dólares en el último ejercicio.

Acosta considera que el hecho de que más del 90 % de las empresas caribeñas y latinoamericanas sean Pymes (pequeñas y medianas) es una "oportunidad significativa" para UPS, que puede ayudarles a tener una "participación más importante" en el comercio internacional.

Para ello, la compañía realizó recientemente un sondeo entre pequeños y medianos importadores de la industria manufacturera, automotriz, del vestido y de la alta tecnología, en nueve países de América Latina, para comprender su proceso de compras.

El objetivo del sondeo es ayudar a los exportadores a vender y suministrar productos a este sector en crecimiento.

El 42 % del empresariado de las pymes hace sus compras por internet, eso es 4 de cada 10 compañías, y entre estos, el 67 % de estos empresarios realizan sus importaciones directamente a través de la página web del proveedor.

La encuesta incluyó los mercados de México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile y EE.UU.

Costa Rica, con el 54 %, y República Dominicana, con el 51 %, llevan la delantera en la región en el uso de internet para sus suministros debido, principalmente, a las limitadas oportunidades que tienen sus mercados internos para establecer contacto con nuevos proveedores.

Los importadores brasileños presentan el menor nivel de compras online de los nueve países encuestados.

Acosta subrayó que UPS puede ayudar a las Pymes a "sacar más provecho al mercado" a lograr que sus importaciones y exportaciones sean "una experiencia positiva" y se repitan las operaciones. 

La tarde de este lunes se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 132 del 12 de junio de 2017, por la cual se suspende la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 130 del 7 de junio de 2017 sobre la actualización catrastal.

El documento lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia.

A pesar de esta medida, sectores de la sociedad civil volvieron a las calles hoy para continuar con la lucha para que el decreto sea derogado definitivamente.

Productores de Tierras Altas reiteraron su solicitud al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que sancione el proyecto de ley 443 que establece modificaciones a la Ley de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

En la misiva enviada al Ejecutivo, los productores indican que la Cámara de Comercio trata de confundir al Ejecutivo para lograr el veto del proyecto y así continuar con las importaciones de productos alimenticios sin control previo.

Rogelio Cruz, presidente de la Asociación Nacional de Productores, señaló que ignoraban que la Cámara de Comercio fuera tan soberbia con la actividad agropecuaria.

Destacó que el mandatario aún está a tiempo de sancionar la normativa.

Los productores de Tierras Altas señalan en la nota que la ley que creó Aupsa viola la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. "Los importadores de la Cámara de Comercio desean que Panamá continúe violando tratados internacionales".

Luego de que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) comunicara que el producto Pura Vida tiene problemas de etiquetado, la empresa vendedora ha retirado el mismo de la venta, que se viene comercializando en Panamá desde 2014.

 "Este producto representa una opción adicional al consumidor panameño, dándole la oportunidad de elegir entre calidad, contenido de producto y precio justo. Las denuncias de etiquetado han surgido cuando el producto estaba creciendo en ventas por la aceptación del consumidor panameño", indican representantes de la marca Pura Vida.

Destacan que revisando la etiqueta del producto, este cuenta con propiedades nutricionales que lo hacen un producto alimenticio  fuente de calcio y con  vitaminas. Estas propiedades no han sido puestas  en duda. "El único tema observado por las autoridades  es la presencia de la imagen de una vaca en la etiqueta, a pesar de que el producto cuenta con una descripción y lista de ingredientes entendibles para el consumidor", informaron los representantes.

Según informes de Aupsa, el producto no representa un peligro para la salud humana. El producto ha sido desarrollado por Gloria S.A., que tiene más de 70 años en el mercado internacional y presencia con sus productos en más de 30 países.

 "Es importante precisar que en la etiqueta de Pura Vida en Panamá dice 'Alimento Lácteo Evaporado Modificado' y no se menciona la palabra 'Leche' en la descripción del producto, como indican algunos medios de comunicación. 

En algunos puntos de venta, durante el fin de semana pasado, los consumidores  han reclamado a los administradores la ausencia de su producto Pura Vida en los anaqueles", aseguran.  

 La autoridad panameña también ha aclarado que la empresa de elaboración y la de importación y venta del producto, de manera responsable, han aceptado llevar a cabo las correcciones que sean necesarias para adecuar su etiquetado acorde a las normas, con el propósito de dar mayor información al consumidor.

 "Finalmente, esperamos que el consumidor sea el ganador al contar una opción de  alimentación nutritiva con la calidad del producto que ya conoce", puntualizan. 

El Convenio Mundial Iberoamericano de la Seguridad Social busca que países como Costa Rica, República Dominicana, Colombia y México "ratifiquen" el proyecto, declaró la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Riaño.

Hasta el 16 de junio, expertos internacionales de la Seguridad Social discutirán sobre la migración, los derechos y la jubilación en Iberoamérica, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.

"Estos encuentros son para dar a conocer estos instrumentos internacionales y para el intercambio de experiencias, pero también para que aquellos países que no se han sumado al convenio puedan hacerlo", relató la abogada colombiana.

Riaño explicó que a este seminario acuden "países grandes que nos quedan pendientes de que ratifiquen el Convenio, como Costa Rica, República Dominicana, Colombia y México" y subrayó que hasta el momento este pacto ha sido suscrito por 15 países, pero ratificado solo por 11 de ellos.

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social permite coordinar las legislaciones de seguridad social en materia de pensiones.

La experta apuntó que algunas de las dudas que tienen las personas a la hora de emigrar son si sumarán los periodos cotizados en el país de origen y en el de destino y cómo se podrán recuperar esas contribuciones.

"Tenemos la posibilidad de resolver todos esos interrogantes que se hace un migrante a través de este instrumento. Pues es el único instrumento que es ley en once países", anotó la secretaria general.

Además, Riaño destacó orgullosa que la OISS ha conseguido integrar a un conjunto de países iberoamericanos, donde no existe "una unidad jurídica, ni una comunidad económica" mediante lo "social".

La que ha sido la primera suramericana en ocupar este puesto en la OISS ilustró el convenio con el caso de una trabajadora de la limpieza paraguaya que cuando estaba ejerciendo en España, sufrió un incidente al estar en contacto con sustancias químicas.

Cuando la mujer fue a la Seguridad Social española para pedir una pensión de invalidez, descubrió que no se la podían conceder porque no había cotizado el mínimo requerido.

"Pero tras aplicar este convenio multilateral, gracias a que tanto España como Paraguay son miembros y a que ella tenía unas contribuciones a la Seguridad Social en Paraguay, se le pudo totalizar la contribución y conceder una pensión", relató Riaño.

Asimismo, la especialista detalló que en la actualidad, la OISS ha tramitado 25,000 expedientes de trabajadores migrantes.

La letrada también apostilló que hay "varios países de la Unión Europea, como Austria y Alemania, que han pedido poder articular este convenio".

Ponerse de acuerdo en cuál será el nuevo salario mínimo que empezará a regir en la ciudad de Panamá y el resto del país a partir del 15 de enero de 2018 es un tema que debe ser consensuado por los trabajadores y el gremio empresarial.

A diferencia de otros años, los trabajadores quieren que se construya un indicador para medir el costo de la vida y que se elimine una zona salarial.

Eduardo Gil, miembro de Convergencia Sindical, señaló que primero hay que definir cuál debe ser el monto del salario mínimo para cumplir un objetivo y luego negociar.

"Si hacemos un análisis del tema, nos podremos dar cuenta de que el actual salario mínimo no cubre las necesidades básicas de los panameños, como una vivienda digna, alimentación, transporte, vestido, y mucho menos la recreación", manifestó.

El dirigente citó como ejemplo que empresas productoras de licores, banano, agrícolas que pagan salarios mínimos distintos por región, cuando el mercado, en algunos casos, no solamente es local, sino también internacional.

"Estos salarios condenan a los panameños a seguir viviendo en la pobreza y eso no puede seguir permitiéndose", señaló.

En enero de 2016, el costo de la canasta básica en la ciudad de Panamá y San Miguelito tenía un precio de $304.12 y el resto del país $278.85, mientras que en diciembre del mismo año aumentó a $307.99 y $280.94, respectivamente.

Para enero del presente año, la canasta básica siguió incrementándose y llegó a costar $308.46 en Panamá y San Miguelito y en el resto del país 282.50. Sin embargo, en marzo presentó una leve baja, a $306.96 y $281.45, respectivamente.

El economista Juan Jované coincide con Gil en que se debe eliminar una zona salarial y unificar el mercado laboral.

"No creo que eso vaya afectar a la economía, todo lo contrario, muchas zonas salariales pueden distorsionar más el mercado", manifestó.

Ante esta situación, el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que el salario mínimo debe ser una política de Estado.

"Como política del Estado, la revisión del salario mínimo debe ser de acuerdo a una indexación, es decir, que en la medida que aumenta el costo de la vida debe aumentar el pago a los trabajadores", manifestó.

A juicio de Acosta, el salario mínimo que se paga actualmente debe ser tres veces más, ya que el costo de la vida está alto, para ir emparejando las cargas o, de lo contrario, el trabajador siempre llevará la de perder.

La directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, señaló que ellos no están alejados de la propuesta de los trabajadores, pero que se debe agregar la variable de la productividad.

La empresaria explicó que con la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se logró establecer una fórmula que permite fácilmente hacer los cálculos de cuánto debe ser ese salario mínimo.

Al ser consultada sobre que en Panamá solo el 8% de las empresas capacitan a sus trabajadores, Suárez afirmó que actualmente ese porcentaje es mucho mayor, ya que el colaborador no es el único beneficiado, sino también el empresario.

Suárez hizo un llamado a que prive el bienestar del país para seguir generando más empleos y que el Gobierno no tome una decisión unilateral.

"Hacemos un llamado para utilizar esa fórmula, de manera tal que evitemos el tema político a la hora de establecer el salario mínimo. No se puede aprobar siempre lo que el Gobierno considera porque debe ser un acuerdo entre los trabajadores y el sector empleador", expresó.

En cuanto a la eliminación de una zona salarial, Suárez indicó que no es conveniente.

"La repercusión de eliminar zonas en algunos sectores del interior del país ha sido un duro golpe porque, en vez de generar empleos, ha sido todo lo contrario", manifestó.

En esto coincide el economista Olmedo Estrada, quien aseguró que eliminar una zona salarial puede afectar algunos bienes y servicios que se producen en el interior.

"El salario que se paga en el interior no es el mismo que en la ciudad, por lo que esta situación podría afectar los bienes y servicios", resaltó.

Con el ajuste general del 8.5% al salario mínimo en todas las actividades económicas del país, que se hizo efectivo en enero de 2016, el salario promedio en Panamá de la región 1 está en $677 y en la región 2, en $529 mensual.

El próximo mes de julio para iniciarán las reuniones.

Taiwán anunció este martes que "retirará a todo el personal de su embajada y de su misión técnica en Panamá y suspenderá todos los programas de asistencia y de cooperación bilateral", después de que el país estableciera relaciones diplomáticas con China Popular.

En un comunicado difundido este martes, el gobierno de la isla, considerada una provincia rebelde por China, reiteró que "lamenta profundamente y expresa su indignación ante la decisión" panameña de"romper unilateralmente los vínculos diplomáticos".

"El Gobierno de la República de China (Taiwán) ha decidido poner fin a las relaciones diplomáticas con la República de Panamá el día 13 de junio, con efecto inmediato, a fin de salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional", indicó la misiva oficial en la que se anuncia el retiro de todo el personal taiwanés y la suspensión de los programas de asistencia y de cooperación.

El Gobierno de Taiwán recordó el lunes que la relación con Panamá inició en el 1909 y que ha colaborado para el desarrollo panameño en distintos campos, en los que se suscribe un acuerdo de cooperación no reembolsable de 72 millones de dólares para el periodo 2014-2019.

En el documento difundido este martes en la capital panameña, Taiwán habla del "desprecio" del Gobierno de Varela por la "ayuda que durante muchos años" la isla proporcionó a Panamá, y critica al país centroamericano por haberse "rendido a las autoridades de Pekín en vista de su beneficio económico".

"De una forma sumamente irrespetuosa, ha ocultado (Panamá) el proceso malintencionadamente a la República de China (Taiwán) hasta el último momento. Por tanto, el Gobierno de la República de China (Taiwán) manifiesta su mayor descontento e indignación y reitera que no participará en la diplomacia de chequera de Pekín", añadió.

También manifestó su "enérgica protesta y condena a las autoridades de Pekín por inducir a Panamá a romper relaciones diplomáticas con Taiwán, oprimiendo su presencia en la arena internacional e hiriendo los sentimientos del pueblo taiwanés".

Este martes la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, reivindicó la "decisión soberana" de establecer relaciones diplomáticas con China, en una breve misiva en respuesta a la reacción de Taiwán.

"La decisión soberana de la República de Panamá de reconocer la política de Una Sola China responde a una decisión estratégica y geopolítica del Gobierno panameño, y ha tenido únicamente como base el respeto mutuo y la búsqueda permanente del bienestar de nuestro pueblo", dijo la vicepresidenta y canciller panameña.

De Saint Malo y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, firmaron en Pekín el nuevo estatus diplomático y el inicio del trabajo conjunto para los primeros acuerdos bilaterales en sectores como turismo, agricultura, asuntos marítimos o educación.

Poco antes en Panamá el presidente Varela en una alocución en radio y televisión el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, que es, recordó, es el segundo usuario más importante del Canal y el primer proveedor de la Zona Libre de Colón, la mayor del hemisferio.

"Hasta el día de hoy la República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, un Estado que por sí solo representa el 20 % de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo. Esta es una situación que un mandatario responsable no podía seguir perpetuando", argumentó.

El rompimiento unilateral de Panamá con Taiwán disminuye la influencia de la isla en Latinoamérica y el Caribe, donde tiene uno de sus principales bastiones diplomáticos, ahora con 11 de sus 20 países aliados. 

El aumento a los educadores que debe hacerse efectivo a partir del mes de julio próximo no será  efectivo para quieren laboran en las escuelas particulares, según lo mencionó Felix Cuevas, miembro de Asociación  Panameña de Centros Educativos Particulares (Apacep).

Los dueños de las escuelas privadas estudian el auemnto para el próximo año, para lo que aseguran que deben hacer un incremento significativo de sus costos.

Mientras que la Unión Nacional de Colegios Particulares (Uncep) asegura  que el atraso en la comunicación de una decisión por parte de las autoridades, coloca en una situación de zozobra a muchas escuelas.

El gremio de escuelas privadas hace referencia a los aumentos que  han estado denunciando los padres de familia de hasta 100 dólares, tanto es así que  el Instituto Justo Arosemena (IJA) han sido demandados ante la Corte Suprema de Justicia y enfrenta un fallo en su contra.

Otros reconocidos colegios como el Instituto Panamericano (IPA) y el Episcopal San Cristóbal, entre otros también han anunciado significativos aumentos.     

Crea un clima tenso entre las escuelas y los padres de familia pues estos últimos, dirigen, equivocadamente, sus inquietudes a los colegios particulares, que no son responsables de las consecuencias de las  decisiones tomadas por el Gobierno Nacional hace ya un año, para poner fin a la huelga que se había suscitado en el sector público.

 La Uncep asegura que los ajustes en las colegiaturas para  2018 responden al mayor incremento salarial en cualquier profesión en la historia republicana y a la falta de consulta sobre su impacto en las escuelas particulares.
      
 Indican que la mayoría de las escuelas particulares se verían afectadas en mayor o menor grado, situando a algunas incluso en riesgo de cerrar sus puertas ante la falta de decisión gubernamental, poniendo en peligro los puestos de trabajo.
 
Los empresarios señalaron que a pesar de los ingentes esfuerzos de la UNCEP por advertir sobre el impacto negativo que ocasionarían en el sector particular los acuerdos de finalización de huelga aprobados por el Gobierno para el sector oficial y de haber brindado a las autoridades educativas los datos solicitados y diferentes opciones de respuesta con miras a solucionar la grave crisis, las autoridades se han limitado ante la solicitud de las escuelas particulares a realizar reuniones, desde julio del año pasado hasta el presentede forma infructuosa.

 Ante su la falta  de acción se ha profundizado la  crisis, según ellos,  afectando la buena relación que debe existir entre los centros educativos y sus padres de familia, quienes incluso piensan que no hay motivos para incrementos que describen como “desproporcionados”.
 
Manifiestan que es notorio que los padres de familia se sienten perjudicados por el impacto económico que representa la decisión gubernamental,  que ha obligado a los colegios del sector a efectuar ajustes en sus costos de colegiatura para 2018, sin tomar en cuenta que a las escuelas no se les dio la oportunidad de considerar los incrementos salariales a los educadores de cátedra completa a partir de julio de 2017, resultado de los acuerdos de finalización de huelga del sector oficial.
 
Muchos padres de familia consideran que el incremento es injustificado pues desconocen que responde a una decisión gubernamental que escapa de las manos del sector particular que debe limitarse a cumplir con la ley, haciendo absolutamente necesario realizar los incrementos.
 
“Es inadmisible que los padres de familia y los colegios particulares paguen por los errores del Estado”, añadió Faraudo.
 
Frente al mayor incremento salarial realizado en la historia de este país, UNCEP y organizaciones hermanas que representan a colegios particulares religiosos y laicos han demostrado desde el anuncio del acuerdo de finalización de huelga, su preocupación ante el impacto inminente en el sector particular de lo acordado por el Estado con el sector público, advirtiéndole de su deber de salvaguardar el derecho de los padres de familia a optar por la educación particular, así como de  la sostenibilidad y existencia de los centros educativos que atienden a los segmentos más vulnerables de la población.
 
UNCEP, en conferencia de prensa y con la participación de instituciones educativas particulares de la república  insta al Gobierno Central a que asuma las consecuencias de sus decisiones derivados de los acuerdos de terminación de huelga con el sector públicoy dé una respuesta responsable a los padres de familia, centros educativos particulares y su comunidad educativa durante una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que seguirán realizando todas las gestiones necesarias hasta conseguir que el sector gubernamental le preste la atención que merece esta situación, a fin de resolver esta crisis generada por ellos.
 
"De no haber una solución al 30 de junio de 2017, último día antes de la entrada en vigencia del ajuste salarial, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 879 de 27 de septiembre de 2016, muchos colegios se verán en indefensión al no poder responder a las obligaciones laborales vigentes, poniendo en riesgo las fuentes de empleo, la estabilidad de las escuelas y su posibilidad de continuar siendo una alternativa de oferta educativa para los padres de familia y sus acudidos", indicó el gremio.
 

Con solo un día de huelga de los productores de Chiriquí  los precios de productos como papa, cebolal, perejil, lechuga repollo, entre otras verduras y vegetales,  registraron un incremento de 15%.

Yori Morales, presidente de la cadena comercializadora del Mercado de Abastos, manifestó que de prolongarse la huelga los precios subirán hasta un 75%.

Los productores en la provincia de Chiriquí iniciaron hoy  la medida  de no enviar productos hortícolas a los mercados nacionales. con la finalidad de que el presidente Juan Carlos Varela sancione la modificación a la ley de  la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

 Señalan que la acción es en respuesta al poco interés que ha mostrado el mandatario en firmar el ante proyecto de ley que busca frenar las importaciones.

desmedidas que se vienen registrando y afecta directamente al sector agropecuario.

El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, argumentó hoy que se analiza la modificación porque no se pueden violar los tratados internacionales y además la Cámara de Comercio de Panamá pidió el veto.

No obstante, los agricultores aseguran que la huelga es indefinida.

La ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán no debe afectar los servicios marítimos que ofrece Panamá a los buques de la isla con abanderamiento del país centroamericano, que cuenta con la mayor marina mercante del mundo.

Así lo expresó este martes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) al garantizar a los buques de Taiwán "la calidad y fluidez del servicio de documentación de buques y gente de mar" que ofrece.

La AMP expresó a sus "clientes, usuarios, representantes legales, inspectores de seguridad marítima, operadores y/o propietarios de buques bajo registro panameño en Taiwán, que reconoce el aporte de los actores involucrados en su economía marítima".

Con ellos la AMP "ha mantenido a través de los años una estrecha relación de amistad y cooperación", por lo que "continuará brindándoles su apoyo a la navegación internacional".

El ente panameño reiteró así "su compromiso, como ente responsable del Control de Estado de Abanderamiento, de facilitar a dichos buques (de Taiwán) las condiciones administrativas, técnicas y sociales que permitan una navegación segura en cumplimiento de las regulaciones" internacionales.

La marina mercante de Panamá aglutinó en 2016 el 18 % de la flota mundial y registró un total de 8.094 embarcaciones y 226,6 millones de toneladas, según los datos más recientes de la AMP.

A Panamá le siguen Liberia, con unos 3.000 barcos, e Islas Marshall, con cerca de 2.000 naves, de acuerdo a los datos del ente oficial panameño.

Panamá estableció el lunes las relaciones diplomáticas con China, en detrimento de Taiwán, argumentando, entre otros, que el gigante asiático es el segundo usuario más importante del Canal interoceánico y el primer proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del hemisferio, ubicada en el Caribe de Panamá.

Taiwán expresó anoche su "indignación" por el giro de Panamá, que llamó un "acto desleal", así como su "condena y repulsa" por lo que considera un ataque de China a su espacio internacional.

La isla, considerada una provincia rebelde por China, reiteró este martes el consecuente retiro de todo el personal taiwanés en Panamá y la suspensión de los programas de asistencia y de cooperación con el país centroamericano, en los que se suscribe un acuerdo de cooperación no reembolsable de 72 millones de dólares para el periodo 2014-2019.

Tras la ruptura con Panamá, Taiwán mantiene lazos diplomáticos con 20 países, 11 de ellos ubicados en Latinoamérica.

La intención de contratar personal para los próximos tres meses es la  más baja registrada por parte de los empresarios, en los últimos siete años, según la encuesta realizada por la  multinacional Mapower.

La expectativa para nuevas contrataciones en los meses de julio, agosto y septiembre es de 4%,  lo que indica una baja de  dos puntos porcentuales respecto al  trimestre anterior y cinco puntos anuales,  según indica la encuesta.

En cuanto a la tendencia hacia la contratación de personal, Panamá con un 4% se encuentra en la posición 33 de 43 países  cuya expectativa de empleo es de  14%,   Colombia 13%  y Costa Rica 12%.

A marzo de 2017 la tasa de desempleo del país se ubica en 5.6%, lo que refleja un aumento,  tomado en cuenta que en agosto de 2016 se ubicó en 5.5%, de acuerdo con el resumen de  la Encuesta de Mercado Laboral preliminar, publicado por la Contraloría General de la República.

La población desocupada en agosto de 2016 sumaba 102 mil 944 y a marzo de este año 2017 asciende a 105 mil 815, unos 2,871 desempleados más, según las estadísticas oficiales.

Si analizamos desde 2015, cuando los desocupados sumaban 92 mil 260, se hace evidente  que la cifra de desocupados se ha incrementado 14.6% es decir  13,555 desocupados más, desde agosto de 2015 a marzo de 2017 ( un año y siete meses).
 

Durante el primer cuatrimestre de 2017, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) tramitó 108 insatisfacciones por historial de crédito.

La eliminación por prescripción con 30 quejas; rectificación del historial (21) y la omisión por no haber tenido relación con agente económico, con 16 casos, encabezan los motivos atendidos, según estadística del Departamento de Investigaciones de dicha entidad. 

El administrador general de la ACODECO, Oscar García, acotó que el incumplimiento de los mandatos de la ACODECO por las empresas objeto de quejas, puede acarrear multas a partir de los $500 diarios y de forma reiterativa hasta que se acate lo establecido en las resoluciones.

Al presentar estas reclamaciones, que en el año 2016 alcanzaron 336, el consumidor debe llenar un formulario y fundamenta esta solicitud en los hechos que lo motivan. Un alto porcentaje aporta su historial como prueba.