Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) está mejor preparada para hacer frente al fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas.
El 3 de abril de 2016 salió a la luz la investigación periodística fruto de la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas.
El interés, indignación y presión pública que despertó se han mantenido vivos al calor de nuevos escándalos como los papeles de paraíso y con los recientes asesinatos de dos periodistas que investigaban casos de corrupción: la maltesa Daphne Caruana Galizia y el eslovaco Jan Kuciak.
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La UE decidió en 2016 intensificar sus esfuerzos para atajar estas prácticas y la Comisión Europea (CE) puso sobre la mesa varias propuestas que se sumaron a otras ya presentadas: muchas se han aprobado con inusitada celeridad, pero otras siguen en el tintero y muchas no están aún en vigor.
Apenas tres meses después del escándalo de los papeles de Panamá los países aprobaron la directiva contra la evasión de capitales (ATAD), con normas para evitar que las empresas trasladen sus beneficios a países dónde quedarían sin gravar o que escapen a los impuestos reubicando activos o deduciendo intereses de los préstamos entre empresas.
Entrará en vigor el año próximo y su objetivo es atajar algunas de las tretas más frecuentes entre las empresas, que logran evadir entre 50,000 y 70,000 millones al año, según un estudio de la Eurocámara.
En julio de 2016 la Comisión propuso además enmendar la directiva contra el lavado de dinero para obligar a las empresas a revelar la identidad de sus propietarios en un registro accesible a las autoridades tributarias y al público en ciertos casos, y a los países a verificar estos datos.
Y el mes pasado se aprobó la iniciativa más reciente en la materia: una norma que obligará a los asesores fiscales -consultores, bancos o abogados, entre otros- a informar a las autoridades cuando diseñen planes que puedan ayudar a evadir. Ambas reglas deberían entrar en vigor en 2020. Sin embargo, la medida más sonada ha sido la creación de la primera lista comunitaria de paraísos fiscales.
La UE la publicó en diciembre pasado con 17 países, que se han reducido a siete después de que algunos se hayan comprometido a cambiar su legislación: quedan Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, las islas San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes estadounidenses.
Más de 50 países problemáticos se comprometieron a hacer cambios legislativos y han pasado a engrosar la llamada lista gris. Sin embargo, lo Veintiocho no lograron pactar sanciones comunes para los territorios de la lista negra, que dependerán de cada Estado miembro.
La Eurocámara, que desde 2014 ha creado tres comisiones especiales para investigar escándalos financieros, reconoce que se ha progresado, pero critica la falta de voluntad de algunos países, especialmente frente a las multinacionales, y que no se mire dentro de la propia UE.
"El obstáculo más persistente ha sido el requisito de obtener unanimidad entre los 28 Gobiernos, porque algunos países continuamente han puesto freno a reformas muy necesarias", dijo en un comunicado la eurodiputada de los Verdes Molly Scott Cato, miembro de la recién creada comisión sobre delitos financieros.
Su grupo recordó que los Estados están lejos de aprobar la norma para publicar los informes por país sobre la actividad fiscal de las multinacionales, así como la propuesta para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades.
El objetivo de ambas es que las multinacionales paguen una cantidad adecuada de impuestos en todos los países donde operan.
De cara al interior, la Comisión señaló por primera vez en marzo a siete países de la UE -Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo- dónde existen prácticas que pueden facilitar la evasión de impuestos.
La mención desató las críticas de estos Estados, tradicionales defensores de una soberanía fiscal clave para sus modelos económicos y frecuentes detractores de las propuestas europeas.
"No hay paraísos fiscales en la UE pero sería absurdo negar que hay prácticas de planificación fiscal agresiva", defendió el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, en la primera audiencia de la comisión sobre delitos financieros, sin anticipar si recomendará cambios legislativos a estos países en mayo.
Mientras, la eurocomisaria de Competencia, Margrethe Vestager, acumula las investigaciones a multinacionales que recibieron ventajas fiscales ilegales de los Estados.
Irlanda debe recuperar 13,000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple; Luxemburgo y Holanda, entre 20 y 30 millones de Fiat y Starbucks; Bélgica, 700 millones de 35 multinacionales y, de nuevo Luxemburgo, 250 millones de euros de Amazon.
Las normas de Competencia se están revelando útiles contra la evasión, aunque surgen dudas sobre si es la herramienta adecuada para atajar un problema que las leyes fiscales todavía no han logrado resolver.