El presidente de la República, Juan Carlos Varela, tendrá que elegir entre seguir haciéndole daño al sector productivo y optar por proteger el negocio a unos cuantos empresarios que se dedican a la importación o defender la seguridad alimentaria.
Esto luego de que la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá solicitó al mandatario, mediante una nota enviada el 25 de mayo pasado, que vete parcialmente la ley que modifica la normativa de la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa).
Hasta la fecha, Varela ha hecho caso omiso a la solicitud de los productores, quienes le han indicado que si quiere defender la seguridad alimentaria, debe sancionar la norma.
Los productores han señalado que las importaciones desmedidas se dan amparadas en la Ley de Aupsa.
Los empresarios, por su parte, representados por Inocencio Galindo de Obarrio, señalaron en la misiva, que como gremio que agrupa a los principales sectores de la economía apoyan la gestión de la Aupsa para velar por la salud humana, zoosanitaria y fitosanitaria.
"Muy respetuosamente le solicitamos se dé el veto parcial por inconveniente al proyecto de ley 443 que reforma el Decreto Ley 11 de 2006 que crea la Aupsa.
Proponen que se mantenga la redacción actual del artículo 11 del Decreto Ley 11 en relación con los integrantes de la junta directiva.
"La inclusión de un representante de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá y un representante de la Federación de Cámaras de Comercio se puede interpretar como la injerencia de criterios de sectores involucrados en la producción, importación y distribución de alimentos", señaló Galindo.
Por su parte, Javier Pittí, vicepresidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que la Cámara de Comercio se debe a los importadores, quienes están haciendo fracasar al sector agropecuario.
"Hay producto nacional suficiente para abastecer a todo el país, como es el caso de la papa, pero lo que ocurre es que el precio del producto tiende a bajar porque están introduciendo el rubro importado en tiempo de cosecha", dijo.
Pittí indicó que sería drástico que el presidente escuche a los importadores porque no estaría protegiendo al productor nacional.
"Este gobierno se acaba en dos años y esperamos que en ese tiempo no se acabe de arruinar al sector agro", enfatizó.
Por su parte, Augusto Jiménez, vocero de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que el mandatario tendrá que elegir entre proteger a cuatro millones de consumidores y miles de productores o mantenerle el negocio a un grupo mínimo de comerciantes allegados al Gobierno y que patrocinan las campañas políticas.
"Si el presidente Varela hace caso y veta parcialmente la ley, yo en lo personal me alejaría de esta lucha y Panamá quedaría subordinada a los comerciantes en detrimento de toda la población", manifestó Jiménez.
"Qué triste cuando tenemos a un presidente que está sujeto a las directrices de grupos privilegiados, allegados al poder", destacó.
Indicó que de darse el veto a la ley, sugiere que cierren el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y todas las entidades del sector y dedicarse a otras actividades, ya que el problema no son las importaciones, sino la violación a los tratados internacionales en materia de calidad de importación.
Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá, señaló que esto es muy peligroso, ya que están jugando con la salud del pueblo, al no haber ningún tipo de control con las importaciones.