El convenio que Panamá firmó con Guyana para la importación masiva de arroz fue prioridad dentro de los primeros días de Juan Carlos Varela como presidente. No hubo consultas a los productores, solo el apremio de importar a Panamá miles de toneladas de arroz sin ningún tipo de justificación.

El mismo día que se firmó el acuerdo, el 14 de agosto de 2014, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), a cargo en ese entonces de Edwin Cárdenas, hizo cuatro compras directas a la empresa Jagnarine Singh por 9.6 millones de dólares para importar arroz del molino de una empresa de Guyana: Guyana Rice Development Board.

Las compras se fraccionaron en contratos de 2 millones 415 mil dólares para la entrega del cargamento de arroz entre septiembre y diciembre de 2014.

Desde entonces, Panamá importa más de 5,000 toneladas de arroz de Guyana, según ha declarado el Ministerio de Agricultura del país suramericano.

En Panamá, el Gobierno mantiene en secreto los detalles del acuerdo, "nadie lo conoce". Incluso los productores de arroz panameños sostienen que el velo que hay sobre este convenio es porque un alto funcionario que adquirió un molino en Guyana es el beneficiario directo de estas importaciones masivas que tienen en quiebra al sector arrocero de Panamá.

Pero paralelamente al contrato de importación de arroz de Guyana, la administración Varela habría saldado cuentas con uno de sus donantes de campaña: el pelotero Carlos Lee.

Solo 14 días después del acuerdo firmado con Guyana, una de las empresas de Lee fue invitada por el IMA a presentar su propuesta de contrato abierto para el servicio de transporte del arroz que se importaría de Guyana a través del contrato de fideicomiso del Programa para Solidaridad Alimentaria.

La empresa contrató a través del mecanismo del IMA, que es parecido a una contratación directa, y el beneficiario fue Inversiones El Patroncito, representada por Álvaro Castillo, el abogado de Lee.

Sin embargo, todo apunta a que la empresa de Lee ya tenía garantizado el contrato, debido a que el mismo se firmó el 28 de agosto de 2014, pero su vigencia se inició desde el 1 de julio de 2014, revela el contrato número FF-207-2014 del IMA.

Otra coincidencia es que el contrato de Inversiones El Patroncito tiene la misma vigencia del convenio de importación masiva de arroz con Guyana, hasta el 30 de junio de 2018.

Los detalles del acuerdo no ponen límites a la facturación de la empresa de Carlos Lee. El contrato le da la exclusividad a Inversiones El Patroncito para transportar toda la mercancía del IMA que llegue a los puertos de Balboa, Manzanillo y Cristóbal.

Para el cobro de estos servicios, el IMA y la empresa de Lee establecieron tarifas para cada destino, entre ellos, 1,820 dólares por poner un contenedor en Puerto Armuelles y 1,680 dólares en Paso Canoa, provincia de Chiriquí.

La empresa Inversiones El Patroncito también le factura al IMA el costo de la carga y descarga, aparte de la tarifa regular.

El IMA también deberá pagarle a esta empresa 50 dólares diarios si la mercancía no es recibida tres días después de que el transporte llegue a su destino.

El presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (Unpap), Rogelio Cruz, señaló que Panamá no debe aumentar la cuota de importación de arroz con Guyana porque es un acuerdo de convenio y no un Tratado de Libre Comercio (TLC).

"Para este año, hay un 90% de la producción de arroz para abastecer el consumo nacional, por lo que no hay la necesidad de seguir importando arroz", manifestó.

Agregó que en el 2017 se están sembrando más de 50 mil hectáreas para garantizar el abastecimiento y que no se continúe importando arroz en tiempo de cosecha o cuando no hay necesidad de hacerlo.

Rubén Ceballos, también productor panameño, advirtió que de continuar la importación, van a salir a las calles.

El futuro de la producción nacional está en manos del presidente de la república, Juan Carlos Varela, depende de si sanciona o veta la modificación a la ley de Aupsa, según señalan productores.

Varela, tendrá que elegir entre seguir haciéndole daño al sector productivo y optar por proteger el negocio a unos cuantos empresarios, que se dedican a la importación, o defender la seguridad alimentaria.

El panorama es completamente incierto y tomando en cuenta los antecedentes pareciera que el Gobierno una vez más no protegerá a los productores. Y es que mientras que los productores panameños de arroz se declaran en quiebra, el Gobierno de Panamá, encabezado por Juan Carlos Varela, decidió salvar la producción de este grano en Guyana.

La información de la compra masiva de arroz a Guyana ha sido restringida por el gobierno de Varela, pero en Guyana el Ministerio de Agricultura ha hecho públicos datos importantes del acuerdo de exportación del grano a Panamá.

El convenio que Panamá firmó con Guyana para la importación masiva de arroz fue prioridad dentro de los primeros días de Juan Carlos Varela como presidente. No hubo consultas a los productores, solo el apremio de importar a Panamá miles de toneladas de arroz sin ningún tipo de justificación.

Desde entonces, Panamá importa más de 5,000 toneladas de arroz de Guyana, según ha declarado el Ministerio de Agricultura del país suramericano.

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá solicitó esta semana al mandatario, mediante una nota enviada el 25 de mayo pasado, que vete parcialmente la ley que modifica la normativa de la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa).

Hasta la fecha, Varela ha hecho caso omiso a la solicitud de los productores, quienes le han indicado que si quiere defender la seguridad alimentaria, debe sancionar la norma.

Javier Pittí, vicepresidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que la Cámara de Comercio se debe a los importadores, quienes están haciendo fracasar al sector agropecuario.

"Hay producto nacional suficiente para abastecer a todo el país, como es el caso de la papa, pero lo que ocurre es que el precio del producto tiende a bajar porque están introduciendo el rubro importado en tiempo de cosecha", dijo.

Pittí indicó que sería drástico que el presidente escuche a los importadores porque no estaría protegiendo al productor nacional.

"Este gobierno se acaba en dos años y esperamos que en ese tiempo no se acabe de arruinar al sector agro", enfatizó.

Por su parte, Augusto Jiménez, vocero de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que el mandatario tendrá que elegir entre proteger a cuatro millones de consumidores y miles de productores o mantenerle el negocio a un grupo mínimo de comerciantes allegados al Gobierno y que patrocinan las campañas políticas.

"Si el presidente Varela hace caso y veta parcialmente la ley, yo en lo personal me alejaría de esta lucha y Panamá quedaría subordinada a los comerciantes en detrimento de toda la población", manifestó Jiménez.

"Qué triste cuando tenemos a un presidente que está sujeto a las directrices de grupos privilegiados, allegados al poder", destacó.

Indicó que de darse el veto a la ley, sugiere que cierren el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y todas las entidades del sector y dedicarse a otras actividades, ya que el problema no son las importaciones, sino la violación a los tratados internacionales en materia de calidad de importación.

Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá, señaló que esto es muy peligroso, ya que están jugando con la salud del pueblo, al no haber ningún tipo de control con las importaciones.

A pesar que  en múltiples ocasiones diversos representantes del Gobierno, entre ellos el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel, Blandón,  aseguraron que no existía la intención de hacer reavalúos, el  pasado miércoles 7 de junio  con la publicación en Gaceta del Decreto Ejecutivo N°130 de 6 de junio de 2017, que establece directrices para la actualización de información catastral, las autoridades le dieron  la razón a quienes denunciaban que sí existía la iniciativa.

Entre los fundamentos del Decreto se menciona la Ley 37 de 2009, reformada por  la Ley 66 de 2015, a través de la cual se asignan a todos los municipios los recursos provenientes de la recaudación de impuesto, otro aspecto que deja en evidencia que los argumentos del Gobierno acerca de que esta normativa nada tenía que ver con reavalúos y aumentos de impuestos no eran tan ciertos.

El Decreto Ejecutivo N°130 de 6 de junio de 2017, firmado por el presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, establece que los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas, deberán emitir a la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos (DGI) dentro de los 15 días siguiente del mes anterior un reporte.

El reporte debe tener los permisos de construcción otorgados,  cambios de zonificación o uso de suelo, así como de los permisos de ocupación, que contengan los datos necesarios a fin de mantenetr la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles situados dentro de su jurisdicción.

Los propietarios de las fincas que realicen algunas de la modificaciones a su bien inmueble también deberán actualizar las mejoras realizadas ante la Anati, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación, de no ser así esta entidad podrá hacerlo de manera oficiosa.

Además, la DGI facilitará previa solicitud de los respectivos municipios  la lista de inmuebles que se encuentren en estado de morosidad por más de 12 meses de su causación y que coreresponda a área geográfica para ubicar a los propietarios.

Para la diputada Zulay Rodríguez, quien denunció la intención de aumentar el impuesto de inmueble a través de la actualización catrastal, lo que  busca este Decreto es crear una base de datos entre el Municipio y la Anati que  permitirá determinar cuando un usuario realice una modificación, ejemplo : Una Mejora, como poner unas ventanas francesas, si el usuario no la reporta a la ANATI, entonces el decreto otorga la facultad de actualizar de oficio el valor actual con dicha modificación sin autorización del usuario.

 Rodríguez destaca que todo lo anterior confirma lo siempre  señaló:  el  Gobierno a través del artículo 69 de la descentralización reintroducían los nefastos reavalúos que imponían una segunda hipoteca de por vida con impuestos impagables, y que al no poder pagarlos conllevaba que te remataran tu vivienda, apartamento, terreno o finca.

"Este Gobierno ha demostrado una sed insaciable en el aumento de impuestos lo que contradice el eslogan de la campaña presidencial de Varela  que pregonaba "no más impuestos". De no aprobarse el Proyecto 43, los 4 millones de panameños perderemos lo único que tenemos: nuestros hogares", enfatizó.

La Corte Suprema de Justicia mediante auto No. 1390-17 admitió el amparo de garantía presentado por la Asociación de Padres de Familia del Instituto Justo Arosemena (IJA) en contra del Ministerio de Educación, por el aval realizado a los aumentos de escolaridad y matrículas del IJA, para el año 2018.

En consecuencia, las autoridades ordenaron por mandato legal "la suspensión inmediata de la ejecución del acto impugnado" es decir, el proceso de aumento.

La Juez Segunda de Circuito del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil admitió la acción de los padres de familia del IJA contra la Directora Regional de Educación de San Miguelito del Ministerio de Educación.

Las autoridades judiciales solicitan a la autoridad acusada que envíe la actuación o un informe referente a la orden atacada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2621 del Código Judicial.

Carlos Contreras presidente de la Asociación de Padres de Familia de la sección secundaria del Ija señaló que el Meduca Regional de San Miguelito no ha cumplido  su rol de ser intermediario entre las autoridades del colegio y los padres de familia, avalando los aumentos de matrícula del colegio sin haber cumplido con los procedimientos que establece el Decreto 601.

La Corte Suprema de Justicia emitió el fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Ley 11 de 2006, determinando que los artículos demandados  no son inconstitucionales y que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos fue creada cumpliendo con los principios de la Constitución de la República de Panamá, según informó la entidad en un comunicado.
 
Concuerdan los señores magistrados que “Así las cosas, como quiera que el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006, fue proferido por el Órgano Ejecutivo, en pleno uso de las facultades otorgadas por la Asamblea Nacional, de conformidad con las formalidades legales, a criterio de esta Corporación de Justicia, las normas acusadas no contravienen ninguna disposición contemplada en la Carta Magna, por lo tanto, la inconstitucionalidad planteada por la firma accionante no opera en la causa bajo examen”.
 
"Es importante informar a la nación, que dado a la desinformación que se ha estado llevando a cabo con relación a la legalidad de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos por sectores con intereses definidos,  queda aclarada con el fallo proferido por la máxima magistratura de justicia de la República de Panamá", indicó la entidad.

El fallo se da en medio de las denuncias de los productores del país en contra de Aupsa, una entidad que según ellos, está acabando con el sector productivo. Además, la Corte emite su  decisión cuando los empresarios han solciitado al presidente Juan Carlos Varela que vete  las modificaciones a  la ley de Aupsa aprobada por la Asamblea Nacional y los actores del sector agro piden sanción.
 

El aumento en la matrícula para el próximo año en el Instituto Justo Arosemena (IJA) quedó sin efecto, toda vez que la Corte Suprema admitió un amparo de garantía presentado contra el Ministerio de Educación (Meduca).

Los padres de familia del IJA interpusieron este recurso, ya que sustentan que la Regional de Educación de San Miguelito avaló el aumento en el colegio sin haber cumplido con los procedimientos establecidos en el Decreto 601.

Por el momento, las autoridades solicitaron al Meduca que presente un informe sobre el caso para deslindar responsabilidades.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, advirtió de que en Latinoamérica hay un problema "muy grave" de gobernabilidad, lo que genera desconfianza en las instituciones políticas y económicas.

En la apertura del Foro Económico de Latinoamérica y el Caribe, que como cada año organizan en París la Ocde y el Gobierno francés, Gurría hizo hincapié en que a pesar de las perspectivas de que este año empezará la recuperación económica latinoamericana, "hay algunos elementos muy preocupantes".

"Tenemos varios déficits", explicó, y en particular "un déficit muy serio de confianza, que hace que el tema de la gobernabilidad sea muy grave", y que repercute en la imagen que los ciudadanos tienen de los actores del sistema político y financiero.

Para hacer frente a esa situación, el secretario general consideró que es "fundamental" la transparencia y la integridad, al igual que la forma de impartir justicia.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recaudó más de $679 mil durante los primeros cinco meses del año, por infracciones cometidas a la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor.

La entidad indicó que los operativos para detectar la comercialización ilegal del tanque de gas (25 libras) en diversas partes del país, entre otras acciones de fiscalización, han brindado su cuota para que las recaudaciones por multas en la Acodeco, hayan cerrado mayo con la cifra mensual más alta en 2017 por $157,194.50.

En cinco meses transcurridos del año en curso, el total de las recaudaciones asciende a $679,021.04 por infracciones cometidas a la Ley 45 de 2007.

Las sanciones también corresponden a faltas relacionadas con productos vencidos, sin precios a la vista, verificaciones metrológicas y desacatos.

Como otro golpe a la economía de los panameños es catalogado el Decreto Ejecutivo N.°130 de 6 de junio de 2017, que establece directrices para la actualización de la información catastral, publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 7.

Entre los fundamentos del decreto se menciona la Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015, a través de la cual se asignan a todos los municipios los recursos provenientes de la recaudación de impuesto.

Según los expertos, este aspecto deja en evidencia que los argumentos del Gobierno acerca de que la ley de descentralización nada tenía que ver con reavalúos y aumentos de impuestos no eran tan ciertos.

El decreto establece que los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas deberán emitir a la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos (DGI), dentro de los 15 días siguiente del mes anterior, un reporte.

El reporte debe tener los permisos de construcción otorgados, cambios de zonificación o uso de suelo, así como de los permisos de ocupación, que contengan los datos necesarios a fin de mantener la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles.

Los propietarios de las fincas que realicen algunas de las modificaciones a su bien inmueble también deberán actualizar las mejoras realizadas ante la Anati, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación; de no ser así, esta entidad podrá hacerlo de manera oficiosa.

Además, la DGI facilitará, previa solicitud de los respectivos municipios, la lista de inmuebles que se encuentren en estado de morosidad por más de 12 meses de su causación y que corresponda a su área geográfica para ubicar a los propietarios.

La reglamentación sorprende a empresarios, economistas y asociaciones de consumidores, ya que en múltiples ocasiones, diversos representantes del Gobierno aseguraron que no existía la intención de hacer reavalúos.

Pero el Decreto Ejecutivo N.°130 apunta en otra dirección, la de actualizar el valor catastral (reavalúo) sin ningún mecanismo de medición, apostando al precio comercial de las propiedades, lo que las encarecería y aumentaría el impuesto de inmueble.

Elisa Suárez, del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) y de la Comisión Intergremial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señala que el país necesita un marco jurídico que establezca una fórmula técnica para calcular los valores catastrales de las propiedades y que se baje el impuesto de inmueble, por lo que apuesta al proyecto de ley 43, el cual está en tercer debate en la Asamblea Nacional.

Para la diputada Zulay Rodríguez, quien denunció anteriormente la intención por parte del Gobierno de aumentar el impuesto de inmueble a través de la actualización catastral, lo que busca este decreto es crear una base de datos entre los municipios y la Anati que permitirá determinar cuándo un usuario realice una modificación.

Por ejemplo, si un panameño realiza mejoras como poner unas ventanas francesas y no las reporta a la Anati, entonces el decreto otorga la facultad de actualizar de oficio el valor actual sin autorización del propietario.

La diputada explica que el Decreto N.°130 es ilegal porque sobrepasa el Código Fiscal. Además, todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe cumplir con el Principio de Reserva de Ley, es decir, debe estar contemplado en una ley formal de la República, tal como lo consagra el artículo 52 de la Constitución.

Con esto concuerda Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI), quien señala que la DGI no puede dar a ningún municipio información de contribuyentes porque es confidencial.

Aunado a esto, el hecho de que el decreto obligue a los propietarios a reportar las modificaciones de su bien inmueble ante la Anati no es bien visto por Carlucci, ya que considera que el Estado no puede imponerles a los ciudadanos realizar el trabajo que les corresponde a las entidades.

Son múltiples las  reacciones en contra del Decreto Ejecutivo 130, que establece  directrices para la actualización de la información catastral;  economistas, dirigentes de distintas asociaciones y la población, a través de las redes sociales,  muestran su indignación por una iniciativa que, según algunos, esconde intereses particualares.

"Elevar impuestos catastrales es el objetivo del Gobierno  y  reducir el presupuesto para los municipios", considera el economista y catedrático, Juan Jované.

"Para el especialista,  el Gobierno  sigue jugando con la idea   de elevar el catastro,  con el fin  de darle paso a la especulación".

Este argumento lo comparte también Pedro Acota, de la Unión Nacional  de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá,quien además  rechaza la iniciativa porque considera que golpeará a la clase más humilde y a la misma vez explica  que detrás del decreto existen grandes interés y terratenientes.

Mientras que Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI), condidera que esta reglamentación, firmada  por el presidente Juan Carlos Varela y el titular de la cartera de Economía, Dulcidio De la Guardia, es ilegal , porque   no puede estar por encima  del Código Fiscal, pues  todo lo que tenga implicación fiscal debe ser Ley.

Sin embargo, el Gobierno argumenta que el decreto no hace referencia a los reavalúos, ni aumento de impuestos,  pero  Acosta explica  que el Decreto 130 es parte de una estrategia que desarrolla el Gobierno, una operación con pinzas para aumentar el impuesto de inmueble y  prevé que se emitirán otras reglamentaciones con este fin.

Panameños reaccionan

El tema ha enardecido a los panameños, quienes arremeten contra la iniciativa y el Gobierno, a través de las redes sociales.

"¿Será que necesita más plata para donar a colegios privados y hacerle cirugías estéticas a sus amigos?.  El Bolsillo de los más ricos primero.  Es obvio que están detrás de los terrenos.. Calle Panamá calle,  no solo los universitarios tienen que defender a Panamá, el país entero tiene que hacerlo también", son  solo algunas de las reacciones en las redes sociales.

Tanto es así que el Frente Panameño Independiente invitó, a través de las redes sociales,  a una concetración hoy a las 4:00 p.m., en el Parque Urracá,  frente al hotel Miramar.

Argumentos del MEF

 De la Guardia argumentó que el decreto tiene tres objetivos,  el primero es que los contribuyentes a la hora de realizar una compra venta desglosen cuál es el valor de la mejora y del terreno en la escritura, para faciliar el registro de la escritura en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati).

El segundo objetivo, según el Ministro del  Mef, es   obligar a los municipios a que den la información  de los permisos de construcción y  ocupación, que ellos emiten en cada uno de sus distritos.

Por último, la reglamentación tiene que ver con la  obligación que tiene la DGI de informarle a los alcaldes de las fincas que están morosas, de tal forma que  puedan informarles a las personas de sus distritos  la situación y facilitarles el  proceso de pago y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aseguró De La Guardia.

El MEF colgó un video en su cuenta de facebook con las explicaciones del Ministro, en momentos en que la opinión pública se aboca a un rotundo rechazo al Decreto 130.

Detalles del Decreto 130

El Decreto, que  establece directrices para la actualización de la información catastral y fue  publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 7, señala que  los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas deberán emitir a la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos (DGI), dentro de los 15 días siguiente del mes anterior, un reporte.

El reporte debe tener los permisos de construcción otorgados, cambios de zonificación o uso de suelo, así como de los permisos de ocupación, que contengan los datos necesarios a fin de mantener la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles.

Los propietarios de las fincas que realicen algunas de las modificaciones a su bien inmueble también deberán actualizar las mejoras realizadas ante la Anati, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación; de no ser así, esta entidad podrá hacerlo de manera oficiosa.
 

A marzo de 2017 la tasa de desempleo del país se ubica en 5.6%, lo que refleja un aumento,  tomado en cuenta que en agosto de 2016 se ubicó en 5.5%, de acuerdo con el resumen de  la Encuesta de Mercado Laboral preliminar, publicado por la Contraloría General de la República.

La población desocupada en agosto de 2016 sumaba 102 mil 944 y a marzo de este año 2017 asciende a 105 mil 815, unos 2,871 desempleados más, según las estadísticas oficiales.

Si analizamos desde 2015, cuando los desocupados sumaban 92 mil 260, se hace evidente  que la cifra de desocupados se ha incrementado 14.6% es decir  13,555 desocupados más, desde agosto de 2015 a marzo de 2017 ( un año y siete meses).

Las cifras contradicen el discurso del Gobierno acerca de lo saludable  de la economía y del aumento en la generación de empleo. Recientemente, el titular de la cartera de Trabajo, Eduardo Carles, aseguró a la población que el empleo crecerá entre 10 y 12%.

Contrario a los señalamientos del Gobierno, los empresarios sí han aseguran la  pérdida de miles de puestos de trabajo en el comercio, construcción, industria de juego de azar, turismo, entre otras actividades económicas como el agro.

Paraguay estudia junto al Banco Mundial (BM) la posibilidad de revisar el gasto público en el país con la intención de redistribuir la inversión hacia el ámbito social, concretamente para mejorar la salud y la educación en el país, según informó ayer el Ministerio de Hacienda.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, expuso su propuesta en una reunión junto a la representante del BM, Celia Ortega, a quien informó sobre su iniciativa durante una reunión en Asunción para repasar la agenda de inversiones del organismo internacional en el país sudamericano.

Ortega consideró la propuesta de Giménez de identificar oportunidades y propuestas de mejoras de asignación de recursos y en la eficiencia del gasto.

"Esta es una iniciativa que nos parece muy interesante y que será una gran contribución para el desarrollo del país, ya que sus resultados contribuirán al mejoramiento de las políticas públicas en educación y salud", afirmó la representante del BM.

La oferta de hoteles y restaurantes, la seguridad y las variadas propuestas de ocio han conseguido que Santiago de Chile sea el destino por excelencia en Latinoamérica para el turismo de negocios.

"Santiago se ha ido posicionando paulatinamente como una ciudad que cuenta con todas las condiciones para recibir a los miles de visitantes en materia de turismo de congresos y reuniones", explica a Efe el director de Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) en la Región Metropolitana de la capital chilena, Felipe Vázquez.

La principal causa del éxito de Santiago, que esta semana fue elegido mejor destino de negocios de América Latina de 2017 por la revista especializada Business Destination, es principalmente la mezcla entre ocio y seguridad que atesora la capital chilena, cualidad que escasea en otras capitales suramericanas.

"Presenta características en este ámbito que no están en ninguna capital de Sudamérica. A todo eso se suma la buena conectividad en transporte, la limpieza, la gobernabilidad y la infraestructura hotelera, que da cabida a todos los visitantes de la ciudad", añade Vázquez.

El turismo, que anualmente atrae más de seis millones de personas a Chile, se consolida progresivamente como una de las principales fuentes de ingresos para el país austral, una circunstancia que se deja notar aún más si el visitante viene por negocios.

"Efectivamente, el turista que viaja por reuniones y convenciones gasta unos 350 dólares al día, 6 o 7 veces más que el que nos visita por recreación".

El número de desempleados en el país pasó de 92 mil 260 a 105 mil 815 de agosto de 2015 a marzo de 2017, según lo muestra el resumen de la Encuesta de Mercado Laboral preliminar, publicado por la Contraloría General.

La tasa de desempleo aumentó durante el último año de 5.5% a 5.6%, sumándose 13 mil 555 personas a los desempleados.

La población desocupada en agosto de 2016 sumaba 102 mil 944 y a marzo de este año 2017 asciende a 105 mil 815, unos 2,871 desempleados más, según las estadísticas oficiales.

El panorama dista del discurso del ministro de Trabajo y Desarrollo Labotal, Eduardo Carles, quien recientemente hizo referencia al crecimiento de la cantidad de contratos de trabajo y aseguró que el empleo crecerá hasta 12%.

Contrario a los señalamientos del Gobierno, los empresarios sí han sostenido que existe la pérdida de miles de puestos de trabajo en el comercio, construcción, industria de juego de azar, turismo, entre otras actividades económicas como el agro.

Expertos aseguran que el Decreto Ejecutivo 130 sobre actualización catastral es ilegal y que el Gobierno busca darle paso a la especulación.

La reglamentación, firmada por el presidente Juan Carlos Varela y el titular de la cartera de Economía, Dulcidio De La Guardia, es ilegal porque no puede estar por encima del Código Fiscal, pues todo lo que tenga implicación fiscal debe ser ley, asevera Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (Fiabci).

Destaca también que la Dirección General de Ingresos (DGI) no puede dar a ningún municipio información de contribuyentes que estén morosos supuestamente porque la información es confidencial.

Esto, haciendo referencia al artículo 2 del decreto, el cual establece que la DGI facilitará previa solicitud de los respectivos municipios la lista de inmuebles que se encuentren en estado de morosidad por más de 12 meses de su causación y que corresponda a su área geográfica para ubicar a los propietarios.

La diputada Zulay Rodríguez concuerda con Carlucci al asegurar que el decreto es ilegal, porque sobrepasa el Código Fiscal. Además, todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe cumplir con el Principio de Reserva de Ley, es decir, debe estar contemplado en una ley formal de la República, tal como lo consagra el artículo 52 de la Constitución.

La DGI no puede darle a ningún municipio información de los contribuyentes que estén supuestamente morosos, porque la información de los contribuyentes por ley es confidencial, eso es una especie de tercerización de la fiscalización y cobro del impuesto de inmueble, explica Rodríguez, quien es abogada.

Además, los municipios no pueden tener información de los contribuyentes del impuesto de inmueble porque eso escapa de su jurisdicción, ya que el impuesto de inmueble por ley es un impuesto nacional bajo la jurisdicción de la DGI del MEF, así está establecido en el Código Fiscal.

Las autoridades de Educación no tienen una solución a corto plazo para evitar el aumento a la matrícula de centros educativos particulares, y son los padres de familia los que tendrán que hacer un sacrificio económico.

El viceministro de Educación, Carlos Staff, señaló que por lo pronto los padres de familia y los centros educativos particulares tendrán que hacer los sacrificios pertinentes sin descartar que seguirán evaluando la situación y en busca de los elementos necesarios que permitan tomar otra medida que ayude a paliar la situación.

Indicó el funcionario que están evaluando algunas otras medidas, pero que parecen no tener viabilidad a corto plazo.

Afirmó que un tema en evaluación es el de un posible subsidio o ayuda a centros particulares, también está la posibilidad de prorratear el incremento salarial, sin embargo, indicó que todas estas alternativas necesitan un análisis profundo que asegure que no vayan a generar situaciones de conflicto.

Todo parece indicar que hasta el momento no hay una salida al problema y tanto el Ministerio de Educación (Meduca) como los colegios particulares tratan de esquivar su responsabilidad.

Para Kathia Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), desde mediados del año pasado le brindaron una serie de propuestas al Meduca sustentando que los padres de familia no podrían asumir los incrementos de matrícula, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta.

"El Meduca no puede asumir la población de estudiantes del sector particular que migre al oficial por el tema del aumento de la matrícula, ya que no cuentan con la infraestructura necesaria", manifestó.

Destacó que otra alternativa planteada a las autoridades fue el que los gastos en los que incurran los padres de familia en educación sea deducible de impuesto.

Echeverría indicó que son las autoridades las que deben buscarles solución a los padres de familia, ya que fueron ellos quienes aprobaron el aumento salarial a los docentes sin contar con los daños que ocasionaría al sector privado.

Indicó que las autoridades están guardando un silencio preocupante.

Por su parte, el Gobierno afirma que ellos aprobaron el aumento en el límite del pago de la beca universal a estudiantes particulares de $1,000 a 2,000 dólares, pero con el aumento de la matrícula la mayoría está fuera de este beneficio.

Carlos Contreras, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Justo Arosemena, señaló que sostuvieron una reunión con el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para presentarle el panorama actual y advertirle de los que podrían afrontar para el próximo año con la migración de estudiantes al sector público.

Indicó que a Alemán le preocupa la situación, ya que aceptó que el sector público no cuenta con la infraestructura ni personal necesario para cubrir la demanda que se podría registrar.

De acuerdo con Contreras, el ministro se comprometió a tratar el tema en Gabinete, aunque señaló que conversaría con la ministra de Educación para que esa entidad juegue su rol en cuanto a hacer cumplir la norma.

Sin embargo, el amparo de garantías interpuesto contra Meduca por los padres del familia del IJA fue aceptado por la Corte.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), realizó un operativo de verificación metrológica de bloques de construcción en 64 establecimientos comerciales  del distrito capital, Chepo y la provincia de Panamá Oeste, de los cuales 45 incumplieron con las medidas establecidas en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 48 – 2001.

Del total de locales que presentaron anomalías, 28 no cumplieron con las dimensiones en los bloques de 10 cm (4 pulgadas) y 15 cm (6 pulgadas), 29 incumplieron con la declaración del tipo de bloque (estructural y no estructural), 23  no tenían la declaración del nombre comercial y 33 no presentaban el certificado de comprensión de estos productos.

La Acodecó señaló que la irregularidad más recurrente en las dimensiones de los bloques huecos de concreto se detectó en la altura. 

Los agentes encontrados con anomalías, son sometidas a un proceso administrativo que pudiera culminar con multas de hasta 25 mil balboas, señaló el administrador general de la ACODECO, Oscar García Cardoze. 

En caso de que el comercio no pague la multa, se gestiona su cobro a través del Juzgado Ejecutor de la ACODECO. 

Luego de que organismos internacionales le recomedarán a Panamá penalizar la evasión fiscal, continúa el rechazo a este tema por parte de abogados.

El jurista Ariel Corbetti, quien también es candidato a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, señaló que sería imposible tipificarla como un delito sin antes emprender una reforma integral del Código Fiscal y sin que se impulse la modernización efectiva de los procesos que atiende la DGI y reducir la mora que mantiene esa institución frente a sus contribuyentes.

"No entendemos qué beneficios traería para el país la penalización de la evasión fiscal", resaltó.

Agregó que "Panamá ha vivido muchísimo tiempo con el sistema actual y el aumento de la recaudación es moralmente cuestionable frente a la deficiencia del sistema; cualquier aumento de la carga fiscal al ciudadano es inmoral mientras no se acabe con la corrupción y con los privilegios de quienes nos gobiernan y definitivamente todas estas medidas van dirigidas a aumentar la recaudación para tener más dinero para despilfarrar".

El pasado día 10 el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, instó a Panamá a penalizar "sin dilación" la evasión fiscal.

Luego que la población se opusiera al Decreto 130 sobre actualización catastral, el ministro de Economía Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia anunció que se suspende la entrada en vigencia de la norma "para someterlo a una consulta ciudadana".

De la Guardia aseguró que es una fabricación política infundir temor entre los ciudadanos sobre falsas consecuencias como perder sus viviendas.

"Hay que repudiar el daño que la hacen al país infundiendo información errada sobre lo que señala el Decreto Ejecutivo No. 130, porque la única intención es mejorar la relación entre las entidades y nada más", expresó.

El anuncio dominical de los voceros del Gobierno confirmando la suspensión del Decreto 130 sobre reavalúos, no llenó las expectativas de la opinión pública, que exige la derogación definitiva.

Pueblo panameño, no se dejen engañar por este gobierno corrupto y mentiroso. pic.twitter.com/e2XzvJtrOM

— Zulay Rodríguez Lu (@ZulayRL) 11 de junio de 2017

Hacen y después quieren escuchar; Decreto 130 no sólo debe ser suspendido, tiene que ser derogado. Mantengamos pie firme en protestas. pic.twitter.com/XwItus8cyS

— Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) 11 de junio de 2017

No es No. No al decreto 130 es No. Así es q nada de suspensión, lo q queremos YA es Abrogación, derogación, desaparición de una vez x todas

— Miguel A. Bernal V. (@MiguelABernalV) 11 de junio de 2017

La suspension del Dto 130 presagia su muerte súbita. Q no sirva d cortina d humo para olvidarse d ODB.

— Jose Raul Mulino (@JoseRaulMulino) 11 de junio de 2017

Señores del gobierno no jueguen con el pueblo. SUSPENSIÓN es una cosa y DEROGACIÓN es otra. Queremos DEROGACIÓN.

— Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) 11 de junio de 2017

Que bueno que el gobierno escuchó la voz de un pueblo y derogó el decreto 130 sobre los reavaluos. Dejen las cosas como están.

— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) 11 de junio de 2017

Gobierno recula decreto.130. Victoria de redes sociales y gran derrota de partidos políticos que siguen viviendo de espaldas al país

— Fernando Correa J. (@FernandoCorreaJ) 11 de junio de 2017

El consenso, explicaciones y correcciones se buscan y hacen antes de aprobar una ley o decreto, no después. Campaña gratis para Zulay.

— Alessio Gronchi B. (@alessiogronchi) 11 de junio de 2017

En tiempos de manipulación, mentira, politiqueria y redes sociales los gobiernos deben pensar muy bien cada paso que dan. Diálogo y consulta

— Magaly Castillo (@magcastill) 11 de junio de 2017